Varias clínicas de aborto que fueron citadas para el comienzo de las vistas públicas sobre el proyecto que busca regular la práctica del aborto en menores de edad no contestaron la invitación a la cita pautada para mañana, martes 2 de mayo.
La autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la senadora Joanne Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad (PD) indicó que las clínicas que estarían en la vista pública que estará presidiendo volverán a ser citadas para el 15 de mayo.
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Según indicó la senadora a través de declaraciones escritas, la clínica Woman’s Medical Pavilion no contestó la citación, las clínicas Iella y Profamilias contestaron, vía correo electrónico, indicando que no comparecerían, pero que enviarían sus memoriales por escrito, no solicitaron ser citadas en una fecha posterior, y la clínica Darlington Medical Associates solicitó ser citada a partir del 8 de mayo, confirmando su comparecencia.
“Para la discusión del P. del S. 495, la comparecencia de las clínicas de aborto es fundamental, pues son ellas las que tienen la información, de personal y propio conocimiento, sobre la cantidad de menores que han abortado y, todavía más importante, sobre la cantidad de menores que han ido a abortar tras una violación y cómo se han atendido estos casos. Conocer detalladamente los protocolos de las clínicas de aborto para atender menores de edad y cómo han manejado los casos de violación o sospecha de esta en los casos de niñas y adolescentes, es información de alto interés público para el análisis del proyecto en discusión”, expresó Rodríguez Veve.
Rodríguez Veve, no descartó otros mecanismos legislativos para obligar la comparecencia de las clínicas de abortos si estas no comparecen a las vistas públicas sobre el proyecto que buscar regular el aborto en menores de edad.
“Me parecería cuestionable que las clínicas de aborto se nieguen a darle cara al País, a través del proceso de vistas públicas, para no tener que dar detalles sobre el manejo de casos de menores de edad. De este ser su proceder, ello levantaría la sospecha de algún tipo de ocultamiento. Lo que, sin duda, debería activar el mecanismo legislativo investigativo”, añadió.
En la citación original, la Comisión de Asuntos de Vida y Familia les solicitó a las clínicas de aborto la siguiente información:
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- El número de abortos por año, en los últimos cinco (5) años, que han llevado a cabo en su clínica a menores de dieciocho (18) años, especificando la edad de cada menor, desglosado por año.
- El número de referidos que ha hecho por año, en los últimos cinco (5) años, desglosado por año, de casos de violación, o sospecha de esta, relacionadas a cualquier menor de dieciocho (18) años, atendida en su clínica, especificando si el referido se hizo por la Línea Directa de Maltrato, oficina regional o local del Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico o cualquier otra vía.
- El número de custodias de emergencia, por año, en los últimos cinco (5) años, desglosado por año, que los profesionales de la salud de sus clínicas hayan llevado a cabo al amparo del Artículo 23 de la Ley 246-2011, según enmendada.
Las legisladoras de Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve y la representante Lisie Burgos, anunciaron la semana pasada, el comienzo de vistas públicas para la discusión del Proyecto del Senado 495, que busca regular el aborto en los casos de menores edad.
“El aborto provocado, práctica que implica la terminación voluntaria de la vida humana en desarrollo, es una decisión permanente e irrevocable. Conscientes de las implicaciones tanto físicas como psicológicas que pueden arrastrar las jóvenes a través del resto de sus vidas como consecuencia de un aborto, el Estado debe procurar -como lo hace para procedimientos médicos de menor impacto y riesgo- que una menor no tome este tipo de decisión sin la intervención de sus padres o custodio legal”, expresó la representante Lisie Burgos en declaraciones escritas.
Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve explicó que, “ante el interés apremiante de proteger el mejor bienestar de las niñas y jóvenes menores de edad, muchas jurisdicciones de Estados Unidos requieren por ley que los progenitores o custodios legales estén involucrados en todo el proceso conducente a un aborto. De esta forma, no solo se busca asegurar que la menor sea guiada, ayudada y acompañada por quienes tienen el deber de procurar su mejor bienestar, sino que, además, con ello se busca prevenir y combatir el abuso sexual de menores. Y es que, mientras una menor pueda realizarse un aborto sin el conocimiento y consentimiento de al menos de uno de los progenitores, o en la alterativa el Tribunal, las niñas y jóvenes continuarán siendo presas fáciles de quienes saben que pueden abusar sexualmente de ellas y forzarlas a abortar sin que nadie se dé cuenta”.
Las vistas darán comienzo el 2 de mayo y continuarán los días 4, 9 y 15 de mayo del corriente.
Se citará a los siguientes ponentes: Clínica Darlington Medical Associates; Women Medical Pavilion; Clínica Iella; Clínica Planificación Familiar; Dr. Alberto De la Vega, Hospital Universitario; ACLU; Edna Aubray; Edgar Aubray; Dra. Yiddish Álvarez; Lcdo. Carlos Pérez;
Departamento de Salud; Departamento de la Familia; Departamento de Justicia; Negociado de la Policía; Proyecto Matria y Aborto Libre.
Explicaron que actualmente, doce (12) estados de los Estados Unidos prohíben el aborto totalmente. Veinticuatro (24) estados requieren algún tipo de intervención por parte de los padres o custodios legales en el proceso decisional de una menor de edad de someterse a un procedimiento de aborto.
De estos, la mayoría requieren sólo el consentimiento uno de los padres, la minoría requieren el consentimiento de ambos; algunos estados requieren la notificación previa y consentimiento de ambos padres; mientras que otros solo requieren notificación previa a los padres.
“Esta ley cobija el derecho de los padres a prestar su consentimiento previo al procedimiento médico de un hijo menor de edad. De igual forma, a la menor se le provee el mecanismo de acudir al Tribunal a presentar su reclamo para realizarse un aborto en los casos en que no cuente con el consentimiento de al menos uno de los padres. Además, dispone expresamente que en los casos en que una menor de dieciocho (18) años de edad desee seguir con su embarazo, no podrá ser obligada por sus padres o persona alguna a realizarse un aborto”, expusieron las portavoces de Proyecto Dignidad.
