La posible radicación de cargos contra Rita Molinelli, madre de la legisladora Mariana Nogales Molinelli y propietaria de la empresa de bienes raíces, VIP Properties, que opera en el complejo residencial de lujo Palmas del Mar, en Humacao, continúa debatiéndose públicamente mientras que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (OPFEI) aún no indica bajo qué alegaciones acudirán al tribunal.
Se ha especulado sobre la injerencia que tiene la OPFEI para someter a un proceso de investigación y radicación de cargos a una entidad o una persona privada.
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No obstante, el abogado y consultor político, Ángel Cintrón, afirmó que la OPFEI sí tiene garras judiciales para hacerlo.
“El panel de fiscales independientes sí puede atender materias que no sean necesaria y directamente atadas al funcionario sino a una entidad jurídica o a un tercero”, explicó el abogado estadista.
“Siempre y cuando la conducta de esa entidad jurídica o de esa tercera persona estén directamente atadas a la conducta delictiva del que es funcionario y esas otras conductas, hechos o persona son parte de ese entramado de la dinámica de lo que sucedió con el funcionario; obviamente es información y evidencia necesaria para que el fiscal pruebe el caso”, añadió, aunque recalcó que habló en términos generales y no sobre ningún caso en específico.
Cintrón explicó, sin embargo, que la OPFEI no puede acusar directamente a un ciudadano privado, sino que refiere esa parte del caso al Departamento de Justicia (DJ) para que este haga lo propio.
Hoy, la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives, confirmó que la madre de Nogales Molinelli y la corporación familiar también enfrentarían cargos en la vista de radicación contra la legisladora pautada para el 3 de mayo.
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“Se van a presentar cargos contra una persona natural y una jurídica”, aseguró Cotto Vives esta mañana en entrevista radial (Radio Isla 1320).
La presidenta de la OPFEI explicó que luego de una investigación preliminar del DJ, se asignaron a los fiscales Ramón Mendoza Rosario y Miguel Colón para investigar a fondo las querellas contra la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La presidenta de la OPFEI informó además que los cargos no serán solo por las querellas iniciales, sino también por otros elementos encontrados durante la investigación y destacó que la investigación inició en el DJ con querellas tanto de la Oficina de Ética Gubernamental, como de los senadores Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías.
OPFEI sí tiene la facultad
El fiscal Mendoza Rosario, por su parte, también tuvo a su cargo un proceso de apelación en un caso con algunos paralelismos al que se intenta radicar contra Nogales Molinelli, donde se pretendió acusar a los empresarios Aaron Vick y Juan Maldonado De Jesús por la malograda venta de pruebas rápidas de covid-19 al gobierno a comienzos de la pandemia en 2020.
Luego de que la OPFEI intentara encausar a los empresarios a principios de 2022, el juez Jimmy Sepúlveda Lavergne del Tribunal de San Juan determinó en febrero de ese año que la OPFEI no tenía jurisdicción para procesar a Vick y a Maldonado de Jesús. El gobierno luego acudió al Tribunal de Apelaciones para defender su facultad de procesar a estos empresarios donde tampoco prevaleció. Aún no se sabe si la OPFEI acudirá al Tribunal Supremo para retar la decisión.
Sin embargo, Cintrón explicó que esto es posible porque la ley habilitadora de esa agencia permite el procesamiento criminal de ciudadanos privados cuando la conducta delictiva imputada involucra fondos públicos.
“Se supone que una vez la OPFEI atiende a quienes son o fueron figuras públicas, si hay alguna acusación sobre un ente privado, para llevar el caso, el Panel debe pasarlo a Justicia”, señaló el abogado.
“Pero, como único ocurre es cuando esa persona tuvo negocios con el gobierno y recibió pagos de fondos públicos, en ese caso, aunque sea ciudadano privado, el delito gira en torno a fondos públicos y ahí la OPFEI puede justificar continuar con la investigación”, añadió.
Cintrón utilizó como ejemplo la facultad de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que, aunque es un organismo gubernamental creado para auditar estructuras de gobierno, a veces tiene que intervenir con empresas privadas por estas incurrir en intercambio de fondos públicos con el gobierno.
Asimismo, el abogado estadista explicó que la OPFEI también tiene la facultad de investigar y encausar funcionarios por imputaciones cometidas antes de ejercer en el servicio público.
“Sí puede intervenir porque la OPFEI precisamente se crea para separar toda acción penal contra un funcionario de las manos del DJ, que pertenece a la misma estructura de gobierno donde esa persona trabaja, para crear algún grado de objetividad y distancia para que no se perciba que el cabro está velando las lechugas”, dijo.