WASHINGTON (AP) — Un auditor federal investiga si la agencia antidrogas estadounidense bajo el liderazgo de Anne Milgram, otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colegas, según revelaron a The Associated Press personas con conocimiento de la pesquisa.
Entre los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia es uno por 4,7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York – a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos.
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Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de Milgram y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas – trabajos que regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9.000 empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1,4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las escandalosas operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
El análisis fue hecho por Boyd Johnson, antiguo mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando fue el poderoso fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho, WilmerHale, al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
“Algunos de estos tratos parecen muy pantanosos”, aseguró Scott Amey, abogado del grupo apartidista Project on Government Oversight. Amey señala que las reglas para la contratación federal deben conducirse sin tratos preferenciales, evitando incluso la insinuación de un conflicto de intereses. También se prohíbe que los contratistas desempeñen “funciones que corresponden al gobierno”, como dirigir a empleados federales.
“Nunca se deben asignar contratos a partir de a quién conoces”, dijo Amey.
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INVESTIGACIÓN CRECIENTE
Detalles de la investigación que se está ampliando, y que inició hace varios meses debido a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General y que compartieron documentos sobre los contratos, con la condición de que se mantuviera su anonimato. Si se confirman irregularidades, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acusaciones penales.
La investigación se realiza en momentos en que la DEA enfrenta una serie de escándalos sobre conductas irregulares de algunos agentes que han sacudido a la agencia antidrogas. Al mismo tiempo tiene que lidiar con una crisis de consumo de fentanilo, que se cobra más de 100.000 muertes por sobredosis al año y que Milgram consideró como “la amenaza de narcóticos más letal que nuestro país ha enfrentado en su historia”.
La DEA no permitió que Milgram diera una entrevista o que discutiera la investigación o contratos específicos, y sólo entregó una declaración institucional por escrito.
“La DEA ha actuado con apremio para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola píldora puede matar y promover y reclutar a cientos de personas altamente talentosas, tanto dentro como fuera de la agencia”, señaló. “Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional y la salud del pueblo estadounidense”.
Anthony Coley, exvocero del Departamento de Justicia que conoce a Milgram desde hace 15 años, dijo que la crisis del fentanilo requiere nuevas ideas y energía, no hacer las cosas como siempre.
“Cuando los empleados no están satisfechos con el cambio organizacional, a menudo encuentran formas de rechazarlo o socavarlo, incluso si las acusaciones subyacentes no son ciertas”, dijo. “Pero para eso están los inspectores generales: para decidir si algo es bueno o malo”.
MANDATO PARA LIMPIAR LA CASA
Con la bravuconería y mano dura propia de Nueva Jersey y una estrategia basada en estadísticas para hacerle frente a la guerra contra las drogas, Milgram, de 52 años, llegó a la principal agencia de narcóticos del país hace dos años con la instrucción de limpiar la casa.
Sin embargo, la funcionaria designada por el presidente Joe Biden enseguida hirió susceptibilidades al despedir a varios funcionarios de carrera a los que consideró parte de una cultura exclusivista que permitió que florecieran las malas prácticas. Como administradora, favoreció la asesoría de abogados y especialistas en restricción de datos recién contratados que trabajan con ella en una sección aislada del piso 12 de la sede de la DEA, conocida como “la burbuja”.
Milgram también hizo hincapié en mostrar cero tolerancia para casos de conducta sexual inapropiada y el racismo entre el personal, advirtiendo a los agentes que podrían ser despedidos incluso en el caso de algunas primeras infracciones, un cambio con respecto a administraciones previas.
Una de sus primeras acciones fue anunciar que se haría un análisis externo sobre la presencia de la DEA en el extranjero, que se extiende por 69 países. Esto se produjo tras el arresto de José Irizarry, un agente que enfrenta una sentencia de 12 años en una cárcel federal tras confesar haber lavado dinero de los cárteles del narcotráfico colombiano y robar millones provenientes de decomisos e informantes para costear una vida de cenas lujosas, fiestas y prostitutas.
“INCREÍBLEMENTE VAGO”
Sin embargo, sorprendió la selección de Milgram para realizar el análisis. Uno de ellos, John “Jack” Lawn, de 87 años, es una leyenda de la DEA, pero su conocimiento data de su ejercicio al frente de la agencia en la década de 1980.
Cuando Lawn se retiró de la función pública, fue director de Century Council, un grupo de la industria de las bebidas alcohólicas, que financió una investigación sobre las prácticas del consumo de bebidas alcohólicas en los campus universitarios que condujo la madre de Milgram, experta en el tema y académica de la Universidad de Rutgers.
Boyd Johnson, coautor del estudio, fue fiscal en casos internacionales de narcóticos antes de ser socio en WilmerHale. Tanto Johnson como Milgram son cercanos a Bharara, quien tras su despido como fiscal durante la presidencia de Donald Trump, se incorporó al profesorado de la Universidad de Nueva York, junto con Milgram, y juntos hicieron el podcast sobre temas legales, “Cafe Insider”.
El año pasado –mientras se realizaba el análisis de operaciones en el extranjero– Bharara se incorporó a WilmerHale y este año Milgram contrató a su antigua asistente de investigación en la Universidad de Nueva York, quien trabajaba en el despacho, para ser su subjefa de gabinete.
Las reglas de licitación para el análisis fueron ignoradas por la DEA, bajo el argumento de que se trataba de “una urgencia inusual y apremiante”, y que “la amenaza de las drogas ilegales que provienen del extranjero contra la salud y la seguridad del público estadounidense nunca había sido tan grande”.
La DEA también aseguró que el análisis estaría listo en seis meses, aunque tomó casi tres veces ese tiempo.
“Fue un desperdicio total de dinero de los contribuyentes”, dijo Matt Donahue, quien fue el responsable de operaciones en el extranjero de la DEA hasta que se enfrentó a Milgram y fue transferido a Colombia, una degradación que lo obligó a retirarse.
Donahue asegura que ni a él ni a varios veteranos de la DEA en el extranjero los entrevistaron para el análisis. El informe mencionó a Irizarry y otros escándalos sólo de pasada, y se basó en mucha información pública y manuales operativos de la DEA.
“Es algo que se pudo haber escrito en tres días”, aseguró.
El senador republicano de Iowa, Chuck Grassley, desde hace años una voz en contra del despilfarro en el gobierno y miembro de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos, criticó el análisis de WilmerHale por ser “increíblemente vago." En fechas recientes, envió a Johnson una carta para pedirle una serie de registros, antecedentes de su relación con Milgram y para preguntarle si Milgram o cualquier empleado de la DEA pidió correcciones al análisis.
“Si bien la DEA presentó este reporte como ‘un análisis exhaustivo’ de la estrategia para las operaciones en el extranjero de la DEA, el reporte apenas toca o ignora faltas serias en la agencia y dedica buena parte de sus 49 páginas a citar documentos públicos que cualquiera puede consultar en una página web”, escribió Grassley en la carta la semana pasada.
Ni Lawn, Johnson, Bharara ni WilmerHale respondieron solicitudes para comentar sobre la investigación.
VÍNCULOS CON NUEVA JERSEY
Otro de los contratos de adjudicación directa que se están investigando es el de Jose Cordero, oficial veterano de policía de Nueva York cuyos vínculos con Milgram se remontan al 2007 cuando ella era fiscal general y lo designó el primer director de pandillas, armas y crímenes violentos de Nueva Jersey a nivel estatal.
En conjunto reformaron el departamento de policía en Camden –entonces bajo el control del estado debido al crimen y la corrupción rampantes– recurriendo al análisis de estadísticas de criminalidad y datos de inteligencia en tiempo real para invertir los recursos según fuera necesario. El enfoque les valió elogios nacionales debido a que la tasa de homicidios cayó casi a la mitad en la que entonces era la ciudad más peligrosa del país.
“Tenemos que cambiar la cultura”, dijo Milgram en una conferencia TED en 2014 sobre la aplicación de estadística en el combate a la delincuencia. “Sin embargo, la buena noticia es que sabemos que funciona”.
Menos de tres semanas después de conseguir el máximo puesto de la DEA, Milgram asignó a Cordero un contrato por casi 400.000 dólares para realizar análisis estadísticos de criminalidad.
Donahue dijo que la experiencia de Cordero tiene menos valor para la DEA, que procesa un sinfín de inteligencia de intervenciones telefónicas domésticas y extranjeras, así como de informantes, para desmantelar redes delictivas transfronterizas.
Cordero no respondió a solicitudes para comentar.
“THE CLEARING”
Varias de las contrataciones ocurrieron a través de “The Clearing”, un contratista federal con sede en Washington que brinda servicios administrativos de subcontratación a la DEA y otras agencias federales.
“The Clearing” ha facturado 4,7 millones de dólares a la DEA por concepto de “planeación estratégica y servicios de consultoría de comunicación” en los últimos dos años, lo cual ha supuesto 30% del total de sus contratos federales durante ese periodo.
Entre las personas contratadas a través de “The Clearing” que están bajo escrutinio, se encuentran Lena Hacket, antigua empleada del partido demócrata en el Congreso y fundadora de “Community Solutions”, empresa consultora con sede en Indianápolis que trabaja en temas de salud pública y justicia criminal. Milgram la describió como su socia principal en un proyecto de reforma a la policía que fundó en Indianápolis en 2020 mientras era profesora en la Universidad de Nueva York.
Registros internos revelan que Hackett informa con frecuencia a agentes federales, prepara declaraciones sobre políticas y memorandos para Milgram, además de reunirse con las familias afectadas por la crisis del fentanilo. Por sus servicios, la DEA presupuestó 257 dólares la hora, más del triple de la tarifa por hora que ganan los altos funcionarios de la agencia, incluido el director de servicios comunitarios.
Otra persona contratada a través de “The Clearing” es Julia Pacetti, publicista de Nueva York quien ha dirigido campañas en medios para importantes personajes públicos y escritores.
Según documentos, la empresa de Pacetti con sede en Brooklyn, JMP/Verdant, cobró 11.500 dólares al mes más viáticos por escribir comunicados de prensa, gestionar las solicitudes de entrevistas y organizar conferencias de prensa, labores que para muchos son redundantes dado que la DEA tiene una plantilla de empleados que trabajan en relaciones públicas.
Varios comunicados de prensa recientes de la DEA –entre ellos los que anunciaron las redadas de fentanilo como parte de la campaña de la agencia “One Pill Can Kill”– no provino de la cuenta de correo oficial de la DEA sino de “Julia Pacetti-Verdant”.
Ni The Clearing, Hackett o Pacetti respondieron solicitudes para comentar al respecto.
“Es terrible para los contribuyentes”, dijo Don Fox, ex director interino y abogado general de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. “La percepción es muy mala”.
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La investigadora de AP Rhonda Shafner contribuyó con este reportaje desde Nueva York.
