El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, acusó hoy a la administración del Departamento de Vivienda de utilizar fondos federales para la construcción de unidades de interés sociales a precios exhorbitantes.
Dalmau Santiago denunció la utilización de $56 millones en créditos contributivos federales para la construcción de 89 unidades de vivienda de alquiler de interés social en el Proyecto “Ensueño” en San Juan, a un escandaloso costo de $629,000 por unidad. También mencionó como ejemplo el Proyecto Mirador Las Casas en San Juan para el que se otorgaron $66 millones en créditos contributivos federales para la rehabilitación de 294 alegadas residencias, a un costo de $225,000 por unidad. Asimismo, denunció que La Égida Sagrado Corazón de Jesús, que cuenta con unos $41 millones para la construcción de 120 unidades de vivienda de alquiler para envejecientes, tendrá un costo de $341,000 por unidad.
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“Es inaceptable la utilización inoportuna e inadecuada de los fondos federales a este elevado costo que el gobierno está pagando por viviendas de interés social en diversos desarrollos que han sido anunciados recientemente. Estos programas de vivienda demuestran la pobre ejecución del gobierno en agilizar la obra indispensable para atender las condiciones de miles de familias que todavía requieren un techo seguro”, expresó Dalmau Santiago.
De igual forma, el Programa R3, que cuenta con unos $3,200 millones para la rehabilitación y reconstrucción de residencias o reubicación de damnificados, había identificado unos 17,000 posibles hogares que ameritan ser atendidos, de los cuales se encuentran unas 1,200 viviendas en proceso de construcción a febrero de 2023. “Ante la baja tasa de hogares en proceso de construcción tenemos la vergonzosa cifra de 3,600 familias que todavía viven con un toldo azul como techo, más de cinco años luego del Huracán María”, acotó.
Asimismo, el Programa Revitalización de la Ciudad cuenta con una asignación de recursos federales de $1,300 millones y unos 324 proyectos aprobados con inversión comprometida de $800 millones. De la totalidad de los proyectos aprobados, unos 148 se encuentran en etapa de diseño, 169 sin comenzar, 4 en proceso de subasta, 3 en construcción y 0 completados. Resulta bochornoso que no exista un proyecto completado a dos años del gobierno de Pierluisi. Cabe enfatizar que estos fondos están disponibles hasta el 2025, por lo cual existe la posibilidad de que sea necesario devolver parte de estos recursos por haber caducado al no utilizarse con premura.
Dalmau Santiago, indicó además que el Programa de Asistencia al Comprador cuenta con una asignación de $495 millones, de los cuales se han otorgado unos $181 millones para atender unos 5,389 casos, lo que representa que solo un 36% de los fondos disponibles han sido utilizados. Este bajo por ciento también está vinculado con los requisitos existentes que limitan los criterios para ser elegible a los beneficios del programa.
“El tan pregonado Programa “Nueva Energía” cuenta con una asignación de $350 millones para la compra e instalación de un sistema de placas solares y baterías para personas de ingresos bajos limitados. El pasado lunes se repartieron unos 3,000 boletos entre el primer grupo de elegibles a través de internet y de un Call Center del Departamento de la Vivienda. Sin embargo, la experiencia de este proceso accidentado de solicitud resultó ser uno caracterizado por una total falta de transparencia, del cual surge la inquietud de si los beneficiarios de los boletos ya estaban preseleccionados. El mecanismo implantado para procesar las solicitudes no fue uno con claridad, lo cual ha sido objeto de serias críticas”, dijo.
“Recientemente anuncié que ante la demostrada lentitud del Gobierno en agilizar la adecuada utilización de los sobre $74,000 millones de fondos federales disponibles para la reconstrucción de Puerto Rico, radiqué el P. del S. 1153, legislación que provee para requerir que la Rama Ejecutiva someta trimestralmente a la Legislatura información indispensable para monitorear el uso de estos recursos. Los datos que les he compartido con respecto a las gestiones e iniciativas en el Departamento de la Vivienda con los fondos federales, claramente confirman la necesidad de que el Gobierno provea información detallada y frecuente sobre el estatus de los proyectos financiados con estos recursos federales. Más aún cuando por la lentitud en agilizar los proyectos requeridos nos exponemos a perder fondos por no utilizarlos dentro del periodo querido por las normas federales,” concluyó diciendo Dalmau Santiago.
