El exsecretario del Departamento de Justicia, licenciado, Antonio Sagardía, será el representante legal del convicto exrecaudador de fondos Anaudi Hernández en el caso donde el Municipio de Aguadilla lo demandó por continuar fiestas en su mansión.
Así lo indica un documento en poder de Metro Puerto Rico y que fue enviado al tribunal. El mismo indica que además de Sagardía, el licenciado Nelson Robles Díaz también estará en representación de Hernández.
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En la demanda radicada en la Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla el Municipio, mediante el alcalde Julio Roldán, exigen que se ordene la paralización de actividades comerciales en la “Casa Herdz” la cual es propiedad de Hernández y su esposa Verónica Ponce Peña.
El Municipio de Aguadilla señala que Hernández continúa llevando a cabo este tipo de actividades sin permiso del ayuntamiento.
Las partes fueron citadas al tribunal el próximo 28 de marzo.
Pareja demanda a Anaudi Hernández porque no podrá celebrar su boda en la Casa Herdz y exigen devolución de dinero
Hernández y su corporación Casa Herdz, así como su agente residente, aseguradoras y la sociedad de bienes gananciales también fueron demandados por una pareja que firmó un contrato de arrendamiento para una boda de más de $60,000 en la millonaria mansión de su propiedad que no podrán realizar.
Los demandantes solicitan al tribunal que declare nulo el contrato que otorgó la parte demandada, ya que está imposibilitada de celebrar actividades y bodas en la Casa Herdz, localizada en Aguadilla, luego que el pasado 25 de mayo de 2022 la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla emitió una orden de cese y desista por falta de los permisos requeridos.
Según la demanda, el pasado 8 de noviembre de 2021, los demandantes firmaron el contrato para arrendar la mansión como un centro de actividades del 30 de noviembre de 2023 al 4 de diciembre de 2023, ocasión en los demandantes celebrarían su boda. El contrato incluía una estadía de 5 días y 4 noches con todo incluido para 18 personas, cena de práctica de la boda con unos 30 invitados, cena de la boda con unos 150 invitados y una excursión en catamarán. Para ello, los demandados habían acordado pagar a los demandados la cantidad de $67,806.81 en pagos diferidos.
