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Gobernador amplía derechos de adultos mayores que residen en centros de cuido prolongado

También firmó la Resolución Conjunta del Senado 162 y la Resolución Conjunta de la Cámara 46

La forma en que los hijos pueden influir en la calidad de vida de los adultos mayores
(Pexels)

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Con el objetivo de ampliar los derechos de los adultos mayores que viven en centros de cuido prolongado, conocidos comúnmente como homes, y para fijar responsabilidades a sus familiares, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó el Proyecto de la Cámara 873 que enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los adultos mayores.

Al firmar esta medida, aprobada unánimemente y endosada por el Departamento de la Familia, se establece claramente que los centros de cuido prolongado deberán, entre otras cosas, brindar un trato digno y respetuoso a los adultos mayores. En lo que respecta a los familiares, la nueva ley establece, entre otras cosas, que deben estar conscientes que al dejar en manos de terceras personas el cuidado y la atención que requieren los adultos mayores, no se les libera automáticamente de las obligaciones legales que tienen en respetar los derechos de estos. Además, en la eventualidad de un escenario de negligencia o maltrato, el familiar deberá realizar todas las gestiones pertinentes incluyendo notificar al Departamento de la Familia (DF) a través de su Línea de Emergencias.

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En la eventualidad de que un familiar de un adulto mayor le abandone o deje de cumplir con las responsabilidades y deberes fijados, la administración del establecimiento deberá entrar en comunicación inmediata con el Departamento.

En esta ley, que entra en vigor de manera inmediata, impera la cláusula de supremacía lo que implica que en caso de existir algún tipo de duda en la aplicación de esta u otra ley, prevalecerán las disposiciones de este nuevo estatuto.

Otras piezas legislativas firmadas por Pierluisi fueron la Resolución Conjunta del Senado 162 y la Resolución Conjunta de la Cámara 46. En la primera se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) auscultar la posibilidad de transferir, libre de costo, o conceder en usufructo u otro negocio jurídico la antigua escuela elemental del Sector Los Ponce al municipio de Isabela. Mientras, con la Resolución cameral se ordena la transferencia de la réplica de la Campana de la Libertad que ubica en el Parque Luis Muñoz Rivera a la Superintendencia del Capitolio.

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