La presidenta peruana Dina Boluarte ingresó el martes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación preliminar por genocidio, asesinatos y lesiones graves tras las decenas de muertes ocurridas durante las protestas que exigen su renuncia y la de los miembros del Parlamento.
El automóvil que transportaba a Boluarte ingresó a la sede del Ministerio Público donde la mandataria contestará las preguntas de la fiscal general Patricia Benavides, informó en un comunicado el despacho presidencial. La presidenta no hizo declaraciones a la prensa.
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El primer ministro Alberto Otárola declaró en enero y febrero en la misma investigación. Las protestas han dejado hasta el momento 66 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por tiros en la cabeza.
Por el rango de los investigados la indagación está a cargo de la fiscal general. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.
