La Colectiva Feminista en Construcción denunció el desplazamiento que sufre la comunidad de Río Piedras y el rol que tiene el gobierno, el foro judicial y el Municipio de San Juan en cuanto a este tema.
La organización enfrentó varios procesos legales y criminales, luego de rescatar y limpiar un edificio abandonado en la comunidad de Río Piedras.
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El pasado mes de septiembre, la Colectiva Feminista, junto a vecinas de Río Piedras convocaron a una brigada de limpieza en el edificio que estuvo abandonado por más de diez años. Luego de realizar la limpieza, las alegadas dueñas del local iniciaron una demanda civil por desahucio contra una de las dirigentes de la organización, Shariana Ferrer Núñez.
Ferrer Núñez exigió que las dueñas del local, Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, compensen a la comunidad el dinero invertido por la limpieza y fumigación del espacio.
Durante la celebración del juicio, la juez no atribuyó responsabilidad por las condiciones del edificio a los propietarios y denegó que se indemnizara a la comunidad los más de cinco mil dólares invertidos en la limpieza, según expresó el Colectivo en conferencia de prensa.
“Esta juez no reconoció la responsabilidad que tienen estos herederos del inmueble de mantener en condiciones aptas y dignas que no representen un riesgo para la salud y seguridad de quienes habitamos, trabajamos y transitamos Río Piedras. De igual forma, en su sentencia permite que estas personas—que no viven en nuestra comunidad y por ello no les importa el estado de la misma— se enriquezcan del trabajo y el esfuerzo de la comunidad que se organizó para limpiar el espacio. Esta decisión demuestra el pobre funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, porque para colmo, el Tribunal le impuso a nuestra compañera el pago de dos mil dólares de honorarios de abogado a las dueñas irresponsables, a pesar de que Ferrer-Núñez fue representada por la Clínica de Asistencia Legal, que provee representación a personas que no tienen recursos para pagar abogado”, expresó Verónica Figueroa Huertas, portavoz de la organización.
Del mismo modo, la organización denunció la gestión legal de los abogados de la Sucesión Más Saavedra Rámirez de Arellano, en particular del licenciado Virgilio Mainardi Peralta, quien, según Ferrer-Núñez, asumió una “conducta racista y xenófoba contra dos testigos del caso, mujeres dominicanas residentes de Río Piedras, quienes testificaron sobre el estado de abandono del edificio y el trabajo realizado por la Colectiva para limpiarlo”.
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“Las testigos, —llamadas para describir las condiciones del espacio abandonado— son vecinas de Río Piedras, mujeres, dominicanas, inmigrantes y trabajadoras, que fueron sometidas a cuestionamientos de su estatus migratorio y de permisología de sus comercios y oficinas cuando esas preguntas eran totalmente irrelevantes a la información que estas le ofrecieron al Tribunal. No solo la actitud del abogado es cuestionable, sino que tenemos que cuestionar el que la juez haya permitido esa línea de interrogatorio”, recalcó Ferrer-Núñez.
Por último, Ferrer-Núñez, cuestionó el rol del Municipio de San Juan y las concesiones otorgadas a la Sucesión Más Saavedra Ramírez de Arellano, “cuando en la misma calle donde ubica el local en disputa, el municipio le ha revocado el usufructo a comerciantes para vender edificios a inversionistas. Todo esto, con la justificación de una supuesta revitalización del casco urbano, la cual no ha tomado en consideración la participación de los ciudadanos a pesar de que se están utilizando fondos de recuperación CDBG-DR”.
“El municipio está utilizando millones de fondos federales para un plan de diseño que no beneficia a nuestra comunidad, pero le deja en bandeja de plata a los inversionistas bajo ley 20 y 60, que vienen a comprar, pero no para residir, sino que están comprando bloques de edificios. Lo que únicamente logra que se profundice el desplazamiento en nuestras comunidades”, añadió.
La portavoces del movimiento adelantaron que la decisión será apelada en los próximos días.
Llamado a salir a la calle este próximo 8 de marzo
Las portavoces aprovecharon la conferencia de prensa para enmarcar la jornada de acción convocada por la Colectiva para este 8 de marzo —Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras— bajo el lema: Desplazadas nunca más.
“El desplazamiento es uno que se da tanto a nivel territorial como político. El desplazamiento no es únicamente la manifestación de los Airbnb’s y alquileres a corto plazo, no es solo que nos suban el costo del alquiler. El desplazamiento también tiene que ver con la infraestructura comunitaria, tiene que ver con las maneras en las que el costo de alimentos es más alto y los salarios cada vez más precarios, por ende, está directamente relacionado con la manera en que se gobierna este país, legislando para enriquecer a unos pocos, mientras la gente de clase pobre y trabajadora apenas puede llegar a fin de mes”, explicó Ferrer-Núñez.
Contra ese desplazamiento, que se genera de maneras estructurales, a través de las decisiones y las políticas públicas impulsadas por los gobiernos, es que la Colectiva convoca una jornada de resistencia y acción política en contra del desplazamiento territorial y político.
“Quienes vivimos aquí no podemos pensar en un futuro de país, porque el país se la ha ido entregando a aquellos que pueden comprar su entrada en él. El país no se piensa para quienes hemos nacido y crecido aquí, para quienes lo sudamos. Eso es injusto y contra esa injusticia es que estamos organizándonos. Queremos convocar a todas aquellas que están resistiendo desde sus comunidades estas violencias y que están dispuestas a accionar de manera frontal, para impedir que se sigan apropiando de nuestras comunidades”, finalizó.
