La presidenta del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Elba Beatriz Rivera Estrada, hizo un llamado al alcalde Edward O’Neill para que obligue a su padre, el exalcalde Héctor O’Neill a pagar de su bolsillo la cantidad de $375 mil para transar una demanda por hostigamiento sexual.
Rivera Estrada exigió al alcalde que haga cumplir la Ley #37 del 27 de agosto del 2021. Esta medida, conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de establecer que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, así como de los gobiernos municipales, por actos de hostigamiento sexual en el empleo, estos podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas.
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“El señor alcalde de Guaynabo tiene una gran oportunidad en sus manos de públicamente acabar con esta vergonzosa situación y exigirle al exalcalde que pague de su bolsillo por sus actos inmorales e ilegales. Ya en su posición oficial tiene que evaluar que ya no es ‘el hijo de’ y actuar como alcalde de todos los residentes de Guaynabo. Si en verdad hay intención de poner orden y vergüenza en el Municipio de Guaynabo, el actual alcalde tiene una solución legal en sus manos. Ya nuestra gente está harta de toda esta situación causada por O’Neill padre y que al día de hoy sigue causando indignación”, señaló Rivera Estrada.
El pasado miércoles en la noche, la Legislatura Municipal de Guaynabo aprobó el desembolso de $375,000 para transar una demanda incoada por una exoficial de la Policía Municipal de Guaynabo y su esposo, también exoficial de dicho cuerpo, por los actos inmorales e ilegales de Héctor O’Neill García.
La Dra. Rivera Estrada señaló además que la Ley# 37 señala que “…no importa cuánto tiempo pase, ni los procedimientos de terapia, la vida de una víctima de violencia sexual queda marcada para siempre. Esa dura realidad no solo requiere el establecer y velar por una política pública clara de orientación y prevención, también amerita pasar revista sobre legislación aprobada sobre el tema para atemperarla y crear nuevas disposiciones con relación al tema”. Añadió que nuestra Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo 2, Sección 1, establece que: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas...”
La medida firmada en el año 2021 es bien específica en cuanto a dejar claro que cualquier acto de hostigamiento y violencia sexual en el empleo, donde se requiera realizar el pago de un importe por daños, la persona, patrono o supervisor deberá utilizar recursos del propio peculio para indemnizar a la víctima, prohibiéndose la erogación de fondos públicos para atender estas reclamaciones.
“Cualquier sentencia y/o estipulación será pública y contendrá un acuerdo o plan de pago entre la persona que incurrió en conducta constitutiva de violencia sexual y el Gobierno, agencia, municipio o corporación pública sujeta al pago con fondos públicos de la sentencia para hacer efectiva la restitución, nivelación o reembolso de los mismos. Desde la pasada semana la prensa ha estado solicitando al alcalde Edward O’Neill que se exprese ante esta situación y no ha querido dar cara. Ante la gravedad y urgencia de este caso, enviar a uno de sus abogados o portavoces no es aceptable. Como Alcalde tiene que dar cara, nosotros no vamos a permitir que este asalto a las arcas públicas quede impune”, añadió Rivera Estrada.
