La Junta de Control Fiscal celebró una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que declaró nula una ley que enmendaba la Reforma Laboral para devolverle algunos benficios a los trabajadores del sector privado.
El ente creado bajo la ley federal PROMESA sostiene que la Ley 41-2022 amenazaba el progreso logrado con sus políticas de austeridad en Puerto Rico y la reorganización de la deuda pública.
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“La práctica de promulgar leyes sin tener en cuenta, o sin comprender, las consecuencias económicas es una de las principales causas de la crisis fiscal de Puerto Rico y de su eventual quiebra. La Junta de Supervisión y el Gobierno han logrado mucho al trabajar juntos para implementar un cambio real, para mejorar el clima empresarial y la vida de cada residente de Puerto Rico. Puerto Rico necesita seguir adelante y mejorar la responsabilidad fiscal para cimentar el progreso que ha alcanzado en los pasados seis años. Para lograr un crecimiento real, sostenible y duradero y un futuro lleno de oportunidades, debemos continuar trabajando juntos para no implementar leyes que amenacen con hacer retroceder el progreso logrado”, leen las declaraciones escritas de la Junta.
El comunicado de la Junta destaca que el Tribunal señaló en su determinación que explicó anteriormente que un estimado formal al amparo de la Sección 204(a) de PROMESA “quiere decir un estimado completo y preciso ‘que cubra los efectos de la nueva legislación en los ingresos y gastos’ durante todo el periodo del plan fiscal”. En el caso de la Ley 41, dijo el Tribunal, “el gobernador no ha demostrado que se haya cumplido con el requisito de estimado “formal” de la sección 204(a)(2)(A)”.
Un análisis económico realizado por la Junta de Supervisión concluyó que la Ley 41 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de trabajo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico.
