El juez superior del Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, Francisco A. Besosa, condenó a Wilberto Ramos Candelaria a 24 años y cinco meses de prisión seguidos de 15 años de libertad supervisada por por producción de pornografía infantil y por solicitar y recibir material de explotación infantil a través de Internet y aplicaciones de redes sociales.
Ramos-Candelaria fue acusado en una acusación federal de reemplazo el 14 de agosto de 2020 y se declaró culpable el 30 de septiembre de 2022.
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Según documentos judiciales, desde mayo de 2017 hasta agosto de 2019, Wilberto Ramos-Candelaria usó, indujo, sedujo y coaccionó a 12 menores identificadas, de entre 12 y 16 años, para participar en conductas sexualmente explícitas con el fin de producir una representación visual de tal conducta. El acusado se comunicó de manera sexualmente explícita con las menores de edad a través de un perfil en Instagram y solicitó y recibió las imágenes sexualmente explícitas de las víctimas femeninas a través de chats. El acusado usó esas imágenes para exigir y obligar a los menores varones a enviar imágenes más explícitas bajo la amenaza de publicar las imágenes en las redes sociales si los menores no cumplían.
Incitar y obligar a menores a enviar imágenes sexualmente explícitas de sí mismos es un delito federal grave. La producción de material de pornografía infantil tiene una sentencia mínima legal de 15 años de prisión y la coerción e incitación de menores a través de Internet y aplicaciones de redes sociales para participar en conductas sexuales ilegales, que incluye la producción de imágenes sexualmente explícitas, conlleva una condena obligatoria. sentencia mínima de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Grupo de Trabajo de Crímenes contra Niños de Puerto Rico investigó el caso.
“Nuestros niños, que son los más vulnerables e inocentes de nuestra sociedad, merecen todas las medidas de protección que podamos brindarles”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. “Como muestra esta acusación, utilizaremos todas las herramientas que tenemos para investigar y enjuiciar a todos los criminales de explotación infantil”.
“Esta sentencia destaca el arduo trabajo de los agentes del orden público asignados a la Fuerza de Tarea de Delitos contra Niños de Puerto Rico”, dijo la agente especial interina a cargo Rebecca C. González-Ramos.
La Fiscal Federal Auxiliar Jenifer Hernández-Vega, Jefa de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, procesó el caso.
