Luego de un proceso de investigación de un año y medio, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) diligenció hoy 48 órdenes de arresto contra 30 personas a quienes se les acusa de la venta ilegal de armas de fuego de alto calibre.
El operativo, un trabajo realizado por la División de Investigaciones de Crimen Organizado se desarrolló en la región de Bayamón y condujo a los arrestos de residentes de las barriadas Campanilla (Toa Baja), Puente Blanco, Cucharillas (Cataño) y el residencial Luis Lloréns Torres (San Juan), entre otras comunidades en la zona. El total de las fianzas emitidas asciende a los $20.7 millones.
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Por estos hechos, el Departamento de Justicia, a través de su División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas, presentó 166 cargos relacionados con las distintas violaciones a las disposiciones de la Ley de Armas, incluyendo posesión, portación y venta ilegal de armas de fuego, así como armas automáticas o armas largas. A varios acusados se le radicaron cargos por venta ilegal de sustancias controladas y conspiración para distribuir drogas. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó causa para arresto en ausencia e impuso una fianza global de $20,690,000.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de combatir el crimen organizado. Este tipo de operativo donde incautamos decenas de armas nos permitió sacar de circulación a estos individuos y es vital para atacar la criminalidad. Hoy hay 30 individuos menos vendiendo armas ilegales que son las que se utilizan para cometer actos delictivos”, destacó el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.
Torres destacó que el comisionado del NIE, Rafael Freytes lideró y llevó a cabo la investigación con sus agentes en estrecha colaboración con varias agencias estatales y federales de ley y orden, entre ellas el Departamento de Justicia (DJ), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), U.S. Marshals y las policías municipales de Guaynabo y Bayamón. En total, cerca de 130 agentes participaron en el operativo.
“En el Negociado estamos enfocados en realizar investigaciones como esta donde por el pasado año y medio le seguimos el rastro a estos individuos de difícil acceso y que comenten este tipo de crímenes. Continuaremos asignando todos los recursos necesarios para atacar el crimen organizado”, sostuvo el comisionado del NIE, Rafael Freytes.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, resaltó la colaboración estrecha de los fiscales de la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas del Departamento de Justicia con el NIE en la juramentación de las declaraciones juradas, consulta de los casos para determinar la comisión de delitos, preparación de las denuncias y, finalmente, sometiendo los casos en el tribunal donde comparecieron para presentar la prueba.
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“Presencian, una vez más, el resultado del trabajo estratégico y en equipo del Departamento de Justicia y las fuerzas de ley y orden, como el NIE. Hoy tenemos criminales fuera de las calles que enfrentarán la justicia por sus acciones. Confiamos en que este tipo de esfuerzos, con el apoyo de otras entidades a cargo de los aspectos socioeconómicos, generará paz, progreso y comunidades más seguras y empoderadas en nuestra isla”, expresó el secretario de Justicia.
Como parte del operativo, se removieron a ocho menores, quienes están bajo la custodia del Departamento de la Familia. La agencia está colaborando con las autoridades para colocarlos en un lugar seguro.
El NIE, adscrito al DSP, desarrolla y aplica técnicas especializadas en el campo de la investigación criminal, realiza investigaciones, estudios e intervenciones que requieren alto grado de peritaje, e identifica tendencias, situaciones de riesgo y posibles áreas de vulnerabilidad en la lucha contra la corrupción gubernamental y el crimen organizado.
