El Municipio de Isabela anunció que durante esta semana las personas que viven en una vivienda alquilada tendrán la oportunidad de recibir orientación para asistencia en el pago de renta, agua o electricidad.
El evento del Departamento de la Vivienda se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Anfiteatro Justo Méndez Cabrero de 9:00am a 1:00pm
“Exhortamos a todas las personas que tengan alguna dificultad en el pago de dichos compromisos, a que aprovechen esta oportunidad”, señaló el alcalde Miguel Méndez.
Según indicó el alcalde, el Municipio también inició un servicio de notarías y consultas legales para la ciudadanía, en coordinación con el Programa ProBono del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. En enero se realizó el primer encuentro en el Anfiteatro Justo Méndez Cabrera y el pasado sábado de realizó el segundo.
“Les exhortamos a seguir la página ‘Municipio de Isabela’ en la red social Facebook, para las próximas fechas de este servicio gratuito, que ha sido de gran ayuda para familias e individuos de Isabela que requieren de orientación legal”, señaló Méndez Pérez.
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Pro-Bono, Inc., es una corporación sin fines de lucro, fundada en el 1981 por el Colegio de Abogados de Puerto Rico con el propósito de ofrecer servicios legales gratuitos a personas indigentes en el área civil y administrativo del derecho.
“Esto surgió como respuesta a la inquietud de un grupo de abogadas y abogados altruistas y comprometidos con la causa de los pobres, que interesaban crear un instrumento que les permitiera viabilizar formalmente sus ansias de poner sus conocimientos y habilidades al servicio de las comunidades”, reza el portal de la entidad.
Los letrados participantes atienden desde casos de ejecuciones de hipotecas en bancos y cooperativas, hasta casos civiles y de Ley 54, entre otros, herencias, cobros, timo, affidavits y declaraciones juradas, donde el ciudadano solo paga los sellos. El servicio del abogado es gratuito.
Los fondos para financiar las operaciones del Programa provienen mayormente de aportaciones anuales de Servicios Legales de Puerto Rico, fondos asignados por la Legislatura y el Gobierno de Puerto Rico, del Departamento de Justicia y del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.