Anticipan que la figura del Súper PAC estará cada vez más presente

No obstante, el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Citizens United versus la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés) sentó un precedente que para muchos resulta en detrimento del proceso eleccionario democrático al permitir que corporaciones puedan participar en campañas políticas no coordinadas con los candidatos o partidos políticos a través de los llamados Súper Comité de Acción Política, también conocidos como “Súper PAC”.

La sentencia sostuvo que la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión y prohíbe al gobierno limitar las donaciones políticas de empresas y sindicatos.

Los Súper PAC van en aumento en Puerto Rico, especialmente desde las elecciones de 2020, cuando varios señalamientos sobre el posible mal uso de este mecanismo salpicaron las candidaturas del popular Charlie Delgado y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), así como las primarias entre la exgobernadora Wanda Vázquez y el entonces aspirante a la gobernación Pedro Pierluisi.

Y si bien los Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) han sido parte de los mecanismos de recaudación de fondos en Puerto Rico desde 1960, lo cierto es que los Súper PAC han comenzado a tomar mayor relevancia en el resultado electoral.

PAC y Súper PAC

Según la Oficina del Comisionado Electoral (OCE), la diferencia entre una PAC y un Súper PAC estriba en que el primero es regulado por leyes locales que no permiten aportaciones de más de $2,800 anuales por individuo, los donativos no pueden ser en efectivo ni anónimos, entre otras disposiciones.

En contraste, un Súper PAC puede ser creado por una persona jurídica o un grupo de individuos y no se limita la cantidad de los donativos, que pueden ser en efectivo y de forma anónima.

“Es un comité de gastos independientes que no tiene límites. Por ejemplo, cualquier persona que quiera aportar, persona natural o jurídica, como son las corporaciones, puede aportar sin límite de cantidad”, explicó el contralor electoral Walter Vélez.

“En Estados Unidos ha habido varios señalamientos sobre esto, pero solo se ha podido probar un solo caso”, explicó el contralor electoral en referencia a que la única consideración legal para regular los Súper PACs es que no estén coordinados con los candidatos o partidos políticos. “En Puerto Rico no había llegado hasta el cuatrienio pasado”, añadió.

Vélez prevé que la figura del Súper PAC se hará más presente en los próximos ejercicios electorales.

“Esto va a seguir en aumento, pero lo que sí es que tienen que haber más garras en cuanto a cómo descubrir si existe coordinación o no con un Súper PAC y un comité o un candidato. Eso sí debe estar bien definido y delineado”, aseguró el funcionario.

Por su parte, Jorge Dávila, exdirector de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez, y quien radicó una querella en contra de la campaña del entonces aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi, y el Súper PAC Salvemos a Puerto Rico, opinó que este mecanismo crea desventajas entre contendientes políticos.

“Presentan una desventaja contra el que acata la ley electoral, donde hay unos límites anuales versus un Súper PAC, donde se ha visto que un individuo llegue a donar hasta $200,000. Imagínate si hay desventaja”, señaló Dávila a Metro.

“Soy de los que creo en que debe ganar el mejor, pero que gane en igualdad de condiciones. Y mi querella, originalmente, era con el propósito de nivelar esa desventaja. Yo vi claramente la desventaja que había en un momento dado, cuando era casi imposible llevar a cabo actividades de recaudación de fondos, versus una campaña donde los chavos corrían como corrieron. Y para eso se utilizó un Súper PAC, de manera ilegal, para ocultar los donativos de las personas que estaban aportando”, añadió.

Dávila mostró preocupación al indicar que los Súper PAC podrían fomentar el inversionismo político en Puerto Rico.

¿Inversión en la política?

A pesar de que el contralor electoral no fue categórico al indicar que este mecanismo de donaciones a campañas políticas va en detrimento del proceso democrático de las elecciones, sí aseguró que le preocupa la falta de límites en las cantidades de dinero que una persona jurídica puede aportar.

“Mi posición sobre eso es muy particular, pero también respeto la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a que ellos entienden que, basados en la primera enmienda de la Constitución, se permitió que las personas jurídicas pudieran aportar a campañas políticas, siempre y cuando no se coordine con algún aspirante o candidato político”, señaló Vélez.

Por su parte, Roberto Pagán, expresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y quien lideró ese organismo durante su apoyo a Movimiento Victoria Ciudadana en 2020, aseguró que, a pesar de que la intención del Tribunal Supremo es garantizar la libertad de expresión, en realidad los Súper PAC trastocan el balance democrático de las elecciones y fomenta el inversionismo político a favor de los grandes intereses.

“Ciertamente, los Súper PAC tienen una influencia enorme en las elecciones y las campañas que se hacen a través de los medios”, aseguró Pagán. “La realidad es que las campañas políticas deberían tener financiamiento público y estar controladas, y no debería haber inversión privada en ninguna de las campañas. La determinación del Tribunal Supremo le da rienda suelta a la inversión privada”.

El líder sindical explicó que el SPT decidió apoyar a candidatos políticos del MVC luego de la determinación del Tribunal Supremo, al entender que las grandes corporaciones y empresarios influencian el saldo de las elecciones a través del poder económico que poseen. Ello, dijo, pone en desventaja a la clase trabajadora.

“Quisiéramos que no existiera esa inversión privada, pero existe y determinamos que para establecer algún balance, nuestro sindicato llevaría a cabo campañas independientes, no coordinadas. Pero desearíamos que esa determinación del Tribunal Supremo fuera enmendada”, dijo Pagán.

Mayor legislación

Tanto el contralor electoral como Dávila y el líder sindical coincidieron en que la ley es muy indulgente con la fiscalización de los Súper PAC y que se requiere legislación para armar a la OCE con mayores garras fiscalizadoras.

“Debería legislarse más”, indicó el contralor electoral. “Nosotros trabajamos actualmente en un paquete de enmiendas para la Legislatura, sugiriendo algunas enmiendas a la ley. Ya habíamos enviado varias el año pasado, pero también tenemos que evaluar detenidamente el caso del tribunal federal y que no se violen derechos de libre expresión, porque esto también se convierte en algo constitucional”.

Pagán, por otro lado, concurrió con la necesidad de mayores mecanismos legales.

“Me parece que sí tiene que haber una mayor fiscalización sobre las aportaciones individuales que se hacen a partidos y candidatos. Ahora mismo, el gobernador Pedro Pierluisi ha recaudado casi $2.5 millones para su comité de campaña siendo gobernador, y todos sabemos sobre los casos donde inversionistas políticos han violado la ley descaradamente y han usado triquiñuelas para allegar fondos a los comités de campaña, comités de campañas de candidatos y partidos políticos”, dijo.

3 preguntas a: Emilio Pantojas

Catedrático del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico

¿Cuánto inciden los Súper PAC en los resultados electorales?

- Inciden totalmente porque son la manera que tiene el inversionismo político de contribuir a un candidato sin que este intervenga. Es una manera de evadir los límites de contribuciones individuales.

¿Podría anticiparse el uso de estos en las próximas elecciones locales?

- Absolutamente. Esto es una construcción neoliberal del gobierno federal para permitirle a las corporaciones aportar dinero a campañas políticas que de otra forma sería ilegal.

¿Cómo podría regularse?

- Con voluntad política porque se puede legislar a nivel federal, claro que sí, pero de que lo vayan a hacer es otra cosa. Las autoridades federales son un león mella’o frente al inversionismo político federal. A nivel local, no va a pasar nada. La corrupción en Puerto Rico llegó para quedarse.