El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se distanció de las denuncias realizadas hoy por la fiscal auxiliar Betzaida Quiñones Rodríguez ante ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes al indicar que bajo su administración “no se paralizan investigaciones”.
La fiscal auxiliar Betzaida Quiñones Rodríguez, quien durante los pasados meses ha denunciado públicamente supuestas obstrucciones a su labor en el Departamento de Justicia, por parte de altos funcionarios, afirmó hoy ante una comisión cameral, que bajo la incumbencia de Olga Castellón Miranda y Wanda Vázquez Garced, como líderes de la Oficina de la Jefa de los Fiscales y el DJ, respectivamente, se enmendaron procedimientos administrativos que afectaron la capacidad investigativa de los fiscales.
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Durante la vista pública ante la Comisión de lo Jurídico la fiscal describió las presiones que presuntamente recibió mientras investigaba el asesinato del abogado Carlos Cotto Cartagena en el 2018, y el asesinato del trapero Kevin Fret en el 2019.
“Reitero que los hechos bajo investigación ocurrieron en el año 2019, antes de que iniciara funciones como secretario de Justicia, y fueron referidos por mí a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para que se investiguen exhaustivamente. Bajo mi administración no se paralizan investigaciones; así quedó demostrado en la vista pública celebrada hoy. Asimismo, autoricé la comparecencia de la fiscal, Betzaida Quiñones Rodríguez, a la Cámara de Representantes y entregué los documentos requeridos por la Comisión de lo Jurídico de dicho cuerpo legislativo”, señaló el secretario en declaraciones escritas.
“El Departamento de Justicia tiene una política pública de transparencia para garantizarle al pueblo y a la prensa el acceso a la información sobre asuntos de interés público. No obstante, mantenemos la confidencialidad de las investigaciones y procesos judiciales, para proteger dichos procedimientos, asegurar un resultado justo y cumplir con los cánones de ética profesional. Esa es la ley y mi deber como secretario es hacerla cumplir. Todo fiscal y abogado conoce estos preceptos legales y le corresponde seguirlos para evitar que se afecten los procesos”, sostuvo.
Quiñones Rodríguez señaló que a nivel individual recibía llamadas de Castellón Miranda denegándole peticiones investigativas que conformaban parte de ambos casos criminales. La fiscal auxiliar expresó que “regularmente los jefes de fiscales no llaman directamente a los fiscales”. Destacó que la jerarquía en el DJ “es que el fiscal se reporta al fiscal de distrito y ese jefe le responde a la jefa de fiscales”.
“Yo recibía llamadas de Castellón directamente denegándome las peticiones de investigación sobre los casos que estaba atendiendo”, añadió Quiñones Rodríguez.
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La fiscal señaló nuevamente a Castellón Miranda como la responsable de “aparentemente” detener su investigación sobre el asesinato del trapero Kevin Fret en el 2019 y a la también exgobernadora Vázquez Garced por la “supuesta” obstaculización de los avances en el caso del abogado Carlos Cotto Cartagena, asesinado en 2018.
“Castellón me llamó para decirme que la investigación de Kevin Fret iba a ser paralizada hasta nuevo aviso”, recordó.
Al momento de la notificación, Quiñones Rodríguez cuestionó por escrito a Castellón Miranda sobre la decisión de paralizar la pesquisa sobre Fret “pero hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, aseguró.
Durante el mes de noviembre de 2022, la fiscal auxiliar reveló en una entrevista televisiva que Castellón bajo el mandato de Vázquez, como secretaria de Justicia, le impartió en el 2019 instrucciones para paralizar la investigación relacionada al caso de Kevin Fret, asesinado en Villa Palmeras, Santurce.
“Esto no es un problema personal mío con el Departamento de Justicia. En esta ocasión, me ha tocado levantar mi voz, porque el país merece un Departamento de Justicia transparente, y que sea un Departamento confiable que no responda a influencias, ni al dinero, ni al poder, ni a los amigos en casos de asesinatos, ni en ninguna investigación”, señaló Quiñones Rodríguez.
Por otro lado, la fiscal indicó que durante el proceso investigativo como fiscal también veía una dilatación en procesos que antes eran realizados de forma expedita. La fiscal auxiliar detalló que Castellón en repetidas ocasiones le llamó para desautorizar gestiones que otros fiscales lograban realizar sin contratiempos. “Por ejemplo, Castellón me solicitaba autorización de un tribunal para citar testigos. Ese es el último recurso que se emplea si un testigo citado no comparece”, señaló.
Al mismo tiempo, Quiñones Rodríguez expresó que durante el mandato de Castellón Miranda se enmendó la forma en que los fiscales accedían a especialistas del Instituto de Ciencias Forenses. “Antes los fiscales teníamos acceso directo a los peritos de balística y otras especialidades de Forense, y en la administración de Castellón como exjefa de fiscales se asignó una fiscal a quien nosotros teníamos que hacerle una solicitud escrita. Ese es un ejemplo de trabas administrativas que se impusieron y afectaron directamente el trabajo ágil que necesita realizar un fiscal durante una investigación criminal”, indicó.
Al inicio de la vista pública, la fiscal auxiliar señaló haber recibido una carta del actual secretario del DJ, Domingo Emanuelli Hernández, sobre su participación en la vista pública “que advierte y hace énfasis sobre la confidencialidad de las investigaciones y las personas imputadas entregadas a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI)”, destacó Quiñones Rodríguez.
La fiscal añadió que “no conozco cuáles son los documentos entregados por Justicia al Opfei como parte de la investigación que refirió Emanuelli Hernández… Estoy aquí hoy, para contestar las preguntas de la rama legislativa, que me citó directamente a comparecer en esta vista pública que investiga el funcionamiento del Departamento de Justicia”, indicó.
“Nuestro objetivo con esta investigación es poder dar a los ciudadanos la certeza que todos los casos criminales que serán trabajados por el Departamento de Justicia se realizarán con transparencia y sin otra motivación, que no sea encauzar a los responsables”, expresó el representante Aponte Rosario.
Durante la vista pública, Aponte Rosario comentó que pudiera ser necesario citar a Olga Castellón Miranda como parte de la investigación legislativa.
