Tras el anuncio sobre la aprobación para comenzar el proceso de privatización de la generación de energía en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la legislatura se expresó en contra del proceso que catalogaron como un “afán de privatizar”.
La portavoz de MVC en el Senado Ana Irma Rivera Lassén expresó que “los Gobiernos deberían tener como prioridad garantizar los servicios esenciales y velar por el bienestar y la vida digna de la ciudadanía. Llamamos servicios esenciales a esos derechos humanos como la salud, la vivienda, la educación el ambiente sostenible, el acceso a tecnologías de información y comunicación, así como acceso a la energía, entre otros. Eso cuesta sin duda, pero es la inversión necesaria que todo gobierno debe hacer, junto a una administración transparente del uso de los bienes públicos. La senadora también añadió que “la privatización de la generación de la energía eléctrica es otra fase en la entrega a la lógica del mercado y las ganancias privadas de servicios que deben tener como su fin principal garantizar que las personas tengan acceso a los mismos”.
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Por su parte la representante Mariana Nogales reaccionó sorprendida con el hecho de que le hayan otorgado un contrato monopolístico que privatiza el 60% de la generación a una empresa, ahora con otro nombre, que ya le falló al país y que dejó de suplir gas a las unidades 5 y 6 de AEE.
“¿Y ahora le vamos a entregar Aguirre, Palo Seco, Arecibo, Costa Sur, entre otros? Tenemos que cortar el mal de la raíz y eliminar la Autoridad de Alianzas Público Privadas creada en 2009 por la administración de Luis Fortuño. Para eso hemos presentado dos medidas para eliminar la AAPP, cancelar todos los contratos de privatización y establecer el comité de recuperación de los servicios públicos. Mientras tanto debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en evitar que se formalice ese contrato de monopolio privado y trabajar para cancelar el contrato de LUMA”, expresó Nogales.
La delegación señaló que esto forma parte de un patrón establecido por el PNP y el PPD de entregar el país a la empresa privada, particularmente las de sus colaboradores políticos.
“Es insólito que mientras el pueblo padece las consecuencias de privatizar la distribución de energía en manos de LUMA, ahora se insista en privatizar las plantas generatrices. Peor aún, habiendo visto los conflictos de interés en el caso de LUMA y sus contratos jugosos con empresas matrices, se pretende entregar las plantas generatrices a un consorcio compuesto por un suplidor de combustible. ¿Somos tan ingenuos para pensar que ese suplidor no se verá favorecido por la operación de las plantas generatrices por su subsidiaria? El Gobernador y el liderato legislativo, en su afán de privatizar a como dé lugar, una vez más anteponen intereses privados al interés público”, sentenció Márquez.
Finalmente el senador Rafael Bernabe señaló que aunque la AEE ha sido muy mal administrada por funcionarios corruptos y subcontratistas inescrupulosos, “hemos comprobado que la privatización no es la solución. Se nos dice que hay dos opciones: el mal estado de la AEE en la actualidad o la privatización como único cambio posible. Nosotros insistimos que no hay dos, sino tres alternativas: además de la mala administración pública y la privatización, ambas fallidas, está la buena y transparente administración pública con participación laboral y ciudadana”.
El senador finalmente destacó que “esto no es un sueño. Durante décadas la AEE y su antecesora, la Autoridad de Fuentes Fluviales, realizaron una labor monumental: la electrificación de Puerto Rico, que las compañías privadas nunca emprendieron. Eso lo hicimos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, con ingenieros y técnicos comprometidos con el país. Y si lo hicimos antes, lo podemos hacer de nuevo”.
