La presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, Sol Higgins Cuadrado, criticó el miércoles “las ponencias mete miedo” enviadas por varias agencias del Gobierno de Puerto Rico, en oposición a la implantación de un programa de salud universal en la isla.
“Me preocupa el hecho de que los memoriales, prácticamente, lo que hacen es tratar de ponernos un poquito de miedo… En esos memoriales también se pueden señalar opciones de qué se puede hacer, no simplemente dar una lista de todo lo malo que pueda suceder. Yo creo que todo lo malo que pudiera suceder está sucediendo ahora en el país”, dijo Higgins Cuadrado en la vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 113.
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En la vista pública, el Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud (ASES), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina del Comisionado de Seguros y el Colegio de Médicos y Cirujanos se opusieron a la medida, mayormente por asuntos financieros y la falta de un estudio de viabilidad.
El subsecretario de Salud, Félix Rodríguez Schmidt, en representación del secretario, Carlos Mellado López, sostuvo que bajo ningún concepto” el gobierno debe promover leyes que pongan en riesgo los fondos federales en apoyo a programas de servicio de salud”.
Según el Departamento de Salud, la propuesta legislativa no es cónsona con los criterios de Medicaid, ya que busca una elegibilidad para toda la población de la isla sin importar el aspecto socio-económico.
Además , Mellado López, en un memorial leído por el subsecretario, se opuso a la eliminación de la Administración de Servicios de Salud (ASES), según presentado en el Proyecto de la Cámara 113.
“Consideramos que la gobernanza absoluta no se promueve con la eliminación de la ASES para crear otro andamiaje y/o estructura que adolece de un análisis exhaustivo en términos de su viabilidad administrativa y económica. En tiempos actuales, el aspecto económico es neurálgico en la implementación de cualquier medida legislativa”, leyó Rodríguez Schmidt.
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“Recomendamos que, para cumplir a cabalidad con la intención legislativa de este proyecto, se considere la relación y/o vinculación que tienen las leyes y reglamentos federales que, según nuestro mejor juicio y expertise en la materia, impactarán los beneficios para los 1.4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que participan del Programa de Medicaid”, añadió.
Asimismo, Salud se opuso a una resolución conjunta que propone la consecución de un estudio sobre la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto Rico a un costo de 1 millón de dólares bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la supervisión del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud.
La ASES tampoco endosó la implementación del Plan Nacional de Salud al afirmar que requerirá cambiar el Plan Estatal actual y trastocará el modelo de salud vigente en Puerto Rico. Entre otros argumentos, la agencia opinó que debe evaluarse si el gobierno local está dispuesto a “soportar” la carga operacional que representaría no contar con el dinero federal que recibe Puerto Rico antes de poner en vigor un sistema de salud universal.
“La ASES no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 113. Sin embargo, nos reiteramos en sostener conversaciones que redunden en el constante mejoramiento del modelo de provisión de servicios de salud e investigación de áreas de oportunidad”, expuso la subdirectora ejecutiva de la agencia, Roxanna Rosario.
Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez también se opuso a la creación de un Plan Nacional de Salud en Puerto Rico.
“No rechazamos el proyecto de ley porque no coincidimos con lo que expone, sino porque entendemos que el Plan Nacional debe ser resultado de un proceso educado que cumpla con los cincos pasos que expone el doctor Guillermo Arbona (Jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico) y no debe ser un proceso improvisado”, sostuvo el doctor Díaz Vélez.
También, en la vista pública, la comisionada auxiliar de asesoría legal de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Brenda Pérez mencionó que el proyecto “implica la consideración de factores de índole financiero que viabilicen la condición de acceso y cobertura universal, lo requiere ser objeto de estudio y análisis económico”.
“Sugerimos realizar, previo a la consideración de esta medida, un estudio económico y actuarial para determinar los costos fiscales que implicaría la puesta en vigor de un programa de salud universal en Puerto Rico”, sentenció.
