Del CPI.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
El gobierno estadounidense, a través de la Oficina del Procurador General de Estados Unidos, argumentó ante el máximo foro judicial que la determinación que el Tribunal tome en este caso tendrá efecto sobre los demás territorios.
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La vista inició a las 11:04 de la mañana (hora de Puerto Rico) y concluyó al mediodía. Todos los jueces, excepto Samuel A. Alito, hicieron preguntas a las partes.
“Fue una argumentación muy interesante”, expresó Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado de Equal Justice Works en el CPI, quien estuvo presente en la vista. “Los jueces hicieron muchas preguntas en una vista que fue muy técnica”, agregó.
Ramos Hernández explicó que los jueces cuestionaron a las partes sobre la Ley PROMESA, que creó a la JCF, sobre cómo interpretar esa ley y acerca de la fuente de donde emana esta inmunidad en términos legales y constitucionales. El abogado no se atrevió a predecir un resultado, pero se mostró optimista en que sea favorable para el CPI, como lo han sido las decisiones de los tribunales de menor jerarquía hasta el momento en este caso.
“La abogada que representó al CPI [Sarah M. Harris] hizo una argumentación oral excelente, tuvo mucho aplomo”, opinó el abogado de Equal Justice Works.
Harris, del bufete Williams & Connolly LLP, destacó durante su argumentación que la Ley PROMESA permite que se levanten acciones judiciales contra la Junta, principalmente si son de carácter constitucional.
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“El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante sí un caso que tendrá un impacto grandísimo para el futuro de Puerto Rico y para el derecho del pueblo de Puerto Rico de obtener la información que obra en poder de la Junta, un organismo que domina la vida en el país”, expresó la abogada Judith Berkan, quien desde un principio representó al CPI. “La Junta quiere ejercer un poder enorme en Puerto Rico sin ninguna rendición de cuentas. Esas contradicciones figuraron prominentemente en la argumentación”, agregó al salir del Tribunal.
Una vez finalizada la vista oral, el asesor legal de la JCF dijo que “el Tribunal Supremo [de EE. UU.] se centró plenamente en el tema medular, en concreto en si el Congreso derogó la inmunidad soberana del Estado Libre Asociado, y específicamente la del Junta de Supervisión, cuando aprobó [la ley] PROMESA”.
Mark D. Harris añadió que le resultó inesperado el argumento del CPI. A su juicio es contrario a la jurisprudencia y a los mejores intereses de Puerto Rico.
La determinación del Tribunal se espera antes de que acabe el verano. Fue la JCF la que acudió ante el Supremo federal en busca de que este foro revoque al Primer Circuito que le dio la razón al CPI indicando que a la Junta no le asiste la inmunidad soberana.
