A través de una orden emitida el 5 de enero, la jueza Marcia Morales Howard, de la corte federal para el Distrito Medio en Jacksonville, Florida, negó esta semana la moción de la empresa Crowley Maritime Corporation para desestimar la demanda federal por tráfico sexual y trabajo forzado presentada por una exempleada de la compañía.
La exempleada, identificada como Vanessa Treminio, quien es ciudadana salvadoreña, alega en su demanda que en 2017, su supervisor la atacó sexualmente en un ascensor en las oficinas de Crowley en San Salvador.
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La demanda alega además que luego de que varias empleadas de otro departamento también presentaran denuncias contra el mismo supervisor alegando acoso y agresión sexual, Crowley lo trasladó al nuevo departamento donde Treminio laboraba, en lugar de despedirlo.
Treminio, asegura su demanda, denunció de inmediato la agresión sexual a las oficinas centrales de la empresa donde la amenazaron con guardar silencio, que nadie le creería las alegaciones y que aún tendría que realizar un viaje de negocios a Jacksonville, Florida, pautado con el mismo supervisor que la agredió sexualmente.
La denuncia alega que el viaje de negocios internacional fue relacionado con la implementación por parte de Crowley de un contrato “Defense Freight Transportation Services”—uno de los contratos de logística más grandes jamás otorgados por el gobierno de los Estados Unidos con un valor total para la empresa de aproximadamente $2,300 millones.
Según se alega, Treminio le rogó a Crowley que no la obligara a acompañar a su presunto agresor en el viaje a Jacksonville por temor a que el supervisor, quien no fue identificado, la agrediera nuevamente. Crowley no le ofreció ninguna opción salvo que iría al viaje de negocios o sería despedida.
La denuncia también señala que Crowley amenazó a Treminio con que si renunciaba a la empresa en oposición al viaje de negocios, la empresa se aseguraría de que cualquier futuro empleador potencial que se pusiera en contacto en el curso de la verificación de referencias de Treminio recibiría una información extremadamente negativa sobre el carácter y desempeño laboral de la empleada, presunta víctima de agresión sexual.
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Treminio también alega que el 9 de noviembre de 2017, la última noche del viaje de negocios en Jacksonville, su supervisor accedió a su habitación de hotel utilizando una tarjeta llave que obtuvo de manera fraudulenta, la atacó en su cama mientras dormía y luego la violó a la fuerza mientras le cubría la boca con la mano para silenciarla.
La denuncia alega que, a la mañana siguiente, la demandante fue directamente a la sede de Crowley en Jacksonville y denunció la violación a los ejecutivos de Crowley. Según la denuncia de Treminio, le dijeron que se callara sobre la violación si quería mantener su trabajo y, en lugar de denunciar la acusación de violación a la policía o ayudar a Treminio a denunciar el delito a la policía, Crowley ayudó al supervisor acusado a huir del país al facilitar su viaje de regreso a El Salvador ese mismo día.
Además, el documento legal alega que no mucho después de que fuera víctima de la violación, Treminio se puso en contacto con el vicepresidente de Ética y Cumplimiento de la empresa, Arthur LaMoureaux, para denunciar nuevamente la violación y encubrimiento que ocurrió en Crowley. Según la denuncia, aproximadamente dos semanas después, LaMoureaux indicó a Treminio que Crowley había decidido despedir a su violador y al menos a otros dos empleados de Crowley involucrados en obligar a Treminio a viajar con su supervisor y en el encubrimiento de la agresión sexual.
La denuncia También alega que el 14 de enero de 2021 un abogado de Crowley le ofreció a Treminio $600 a cambio de firmar un acuerdo de conciliación y confidencialidad con respecto a la violación. La denuncia de Treminio alega que después de que ella se negó a firmar el acuerdo, Crowley la despidió y luego retuvo su último cheque de pago en otro acto de represalia.
Las alegaciones de la demandante apuntan a que Crowley es civilmente responsable en virtud de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2000 (TVPA).
Treminio presentó su denuncia contra Crowley el 15 de febrero de 2022 y luego presentó una denuncia modificada el 30 de marzo de 2022.
En la moción de Crowley para desestimar, la compañía dijo que el reclamo por infligir angustia emocional debe cumplir con el requisito de “conducta escandalosa” y no lo hizo.
La empresa alega que la supuesta retención del cheque de pago de la demandante, la supuesta coerción de la demandante para permanecer en silencio y las supuestas amenazas con respecto a su despido “no alcanzan el nivel de ser un ‘comportamiento escandaloso’”.
