El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el miércoles a la demanda de los presidentes de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y del Senado, José Luis Dalmau Santiago por la extensión del contrato suplementario de LUMA Energy.
“Ya estamos preparados para defender esa decisión ante los tribunales”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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Hernández Montañez y Dalmau Santiago, llevarán un recurso de oposición ante el Tribunal Federal bajo el alegato de que la decisión de la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) de extender el contrato suplementario con LUMA, no tuvo el aval de los representantes del interés público, ni de la Asamblea Legislativa.
“Como todos sabemos, ese proceso continúa ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, pues no se ha aprobado la legislación para reestructurar la deuda de la AEE, a pesar de los múltiples llamados de la Asamblea Legislativa para sentarnos en la mesa de diálogo y aprobar una medida de consenso. A esos efectos, en nuestro recurso de oposición exponemos el atropello a los derechos de los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad para las APP, y el proceso poco transparente para la aprobación de esta extensión de contrato, en clara violación a la Ley 120-2018.”, dijo Dalmau Santiago.
“Tal y como lo hemos hecho siempre, defenderemos las prerrogativas de la Asamblea Legislativa hasta agotar todos los remedios en los foros pertinentes. La extensión al contrato de LUMA debe ser anulada cuanto antes”, añadió Hernández Montañez.
De otra parte, Dalmau Santiago y Hernández Montañez le cursaron una carta al gobernador, a la Junta de Control Fiscal (JCF) y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) en la que le solicitan que “en el proceso de selección de un operador para la generación de energía no se repitan los mismo errores que se cometieron con LUMA”.
Pierluisi Urrutia sostuvo que evaluará cualquier propuesta legislativa, siempre y cuando no se afecte la Ley de las Alianzas Publico Privadas (APP).
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“El mecanismo de APP es muy útil y es muy positivo. Hay que recordar que la génesis o el origen de estas APP fue la crisis fiscal del gobierno. Era como, el gobierno no estaba en posición de estar haciendo emisiones de bonos para grandes obras, grandes mejoras en la infraestructura de Puerto Rico, pues, es la alternativa entre unos contratos de concesión, hasta cierto punto como de operación o arrendamiento de esa infraestructura a largo plazo con entidades privadas que se comprometen a mejorar los activos del gobierno. Los activos siguen siendo del gobierno, sea una carretera, sea el aeropuerto, sea la infraestructura de las lanchas para Vieques y Culebra, sea la red eléctrica. Por decir, por ejemplo, si todos esos activos siguen siendo del gobierno. Lo que sí optamos es ponerlo en manos privadas en su operación y administración a cambio de unos compromisos”, expuso el gobernador.
Según los presidentes legislativos, hay varios puntos que quieren establecer en el proceso para conceder una Alianza Publico Privada para la generación de energía eléctrica.
- Que cualquier ahorro alcanzado se refleje en una reducción en la factura.
- Ninguna alianza público-privada sobre la generación de energía eléctrica puede arriesgar los empleos ni beneficios de empleados públicos.
- Ningún contrato podrá servir de pretexto para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.
- Para ejecutar cualquier contrato o alianza, debe dársele prioridad a la contratación de empresas y empleados locales como primera opción. Los servicios o subcontrataciones podrán externalizarse solo cuando una empresa local no pueda ofrecer los servicios.
- La rendición de cuentas, el acceso a la información y las métricas relacionadas al desempeño del contrato deben garantizársele a la Asamblea Legislativa de manera transparente.
- Extensiones y acuerdos posteriores deberán contar con la aprobación de los representantes del interés público, según lo requiere la Ley 120-2018.
