La sentencia emitida en días recientes por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, contra la orden del Departamento de la Familia (DF) para el cierre de un centro de cuido de personas de mayor edad, comprueba las deficiencias con las que opera la agencia en el manejo de las operaciones de los hogares, sostuvo la presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), Tamara Pérez.
El tribunal acogió una petición de interdicto del Hogar Las Águilas para que se detuviera la orden de cierre emitida por Familia.
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Tras la decisión judicial, la presidenta de FICPRO reclamó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, y a la Asamblea Legislativa, que tomen acción inmediata sobre la situación que amenaza el bienestar de la población envejeciente.
“Uno de los mayores retos en el proceso es la falta de protocolos uniformes, lo que hace vulnerable a los hogares a determinaciones subjetivas o a interpretaciones diversas, dependiendo de la región”, aseguró Pérez.
“No existe un debido proceso de ley ante el Departamento; un hogar afectado solicita reconsideración o vista sobre su caso ante Familia y la Junta Adjudicativa puede tardar uno o dos años en responder, si es que responde porque tuvimos socios que su solicitud de reconsideración o vista nunca fue respondida”, señaló.
En esa sentencia se ordena al DF que “garantice el debido proceso de ley al Hogar Las Águilas en todas las notificaciones”.
Sobre la discusión de las alegaciones de las partes en controversia el magistrado sostuvo que “a base de los hechos incontrovertidos producto de la “Solicitud de Sentencia Sumaria” y el derecho aplicable, concluimos que el Departamento de la Familia violó la garantía del debido proceso de ley del Hogar Las Águilas, en tanto la notificación realizada y conforme a la cual exige el cierre inmediato, es inadecuada por no colocar al establecimiento en posición de defenderse de manera previa a que su interés propietario se vea afectado. A la luz de los criterios establecidos por ley y la jurisprudencia, procede el remedio interdictal solicitado por Hogar Las Águilas”.
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Pérez sostuvo que la sentencia permite visibilizar “el patrón de abusos a los cuales han sido sometidos muchos dueños de hogares, pero que no siempre recurren a los tribunales para hacerse justicia”.
La líder de FICPRO expresó que desconoce si el DF apelará el caso, pero afirmó que la organización se mantendrá firme en la defensa de los dueños de los centros de cuido y sus residentes.
Advirtió que Las Águilas no es el único centro de adultos mayores que ha visto violentado sus derechos por las malas prácticas de funcionarios Familia.
“Lo más serio de todo es que, no solo se violentan los derechos de los hogares que con alto compromiso ofrecen un servicio esencial a esta población, sino que se laceran los derechos de los propios adultos mayores que luego de décadas de considerar a la institución su hogar, son removidos abruptamente sin ningún tipo de protocolo, y sin permitir que el hogar pueda defenderse o refutar las alegaciones, que en muchas ocasiones son producto de la subjetividad y opinión del investigador, donde no media evidencia alguna que sustente las mismas”, denunció.
FICPRO y otras organizaciones que representan a la industria han sostenido reuniones con el Departamento y con Fortaleza, alertando sobre la situación y su impacto en los hogares y en los residentes.
“Muchas veces el dueño del hogar es el último que se entera de la determinación porque antes de cursar la notificación al hogar, el Departamento procede a contactar a los familiares para informarles sobre el cierre y solicitarles que remuevan al residente. Entonces, si los familiares se niegan, lo que muchas veces sucede, el Departamento los amenaza con quitarle la ayuda en el pago del cuidado asistido”, finalizó.
Según el “Perfil Demográfico de la Población de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo, en la Base Internacional de Datos del Censo 2020, la expectativa de vida de la población de Puerto Rico es de 81 años y se mantuvo igual en el 2021.
