La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Elizabeth Rosa Vélez, hizo un llamado a la sensibilidad por parte del personal del Departamento de la Familia (DF) al momento de manejar los referidos, en especial aquellos con menores de edad.
Esto luego de que trascendiera públicamente un caso en el cual una menor de dos años fue removida por el personal del DF de su hogar en Cayey por supuesto maltrato.
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“Una vez más el Departamento de la Familia ocupa la atención pública debido a la forma y manera en que manejan los referidos que llegan a la agencia. Hoy, es una familia con una menor de dos años de edad que fue removida bajo circunstancias cuestionables y que ponen en entredicho si en efecto el caso se trabaja de forma objetiva y en beneficio de la menor de edad”, denunció Rosa.
A la senadora, quien es trabajadora social, le preocupa la forma y manera en que el Departamento maneja los casos en especial aquellos que involucran menores.
“Conozco la complejidad y los múltiples factores que ocurren en los hogares por lo cual cada caso se tiene que trabajar de forma particular y debe atenderse con la urgencia así como la seriedad que ameritan siempre velando y salvaguardando el beneficio de ese niño o niña”, añadió.
Rosa Vélez lamentó que la agencia responsable en velar y preservar la familia carezca de credibilidad entre la ciudadanía.
“Admitir que el DF tiene sobre 10 mil referidos de maltrato o abuso sin atender es alarmante, preocupante e inexplicable. A esto se suman casos discutidos en la palestra pública que incluyen una menor de tres meses que la madre dejó en la casa del padre en Santurce y ahora este caso. Se trata de la vida de seres humanos, en particular de menores de edad que son removidos de sus hogares para llevarlos a hogares sustitutos. Es un asunto delicado y serio por esto mi llamado a la sensibilidad en el manejo de cada caso”, sostuvo.
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Por otra parte, la líder popular recordó que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta del Senado 190, la cual ordena establecer un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico en 60 días.
La misma se encuentra en La Fortaleza en espera de que el gobernador la convierta en Ley y con ello los Departamentos de la Familia, Educación, Salud así como la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción y la Policía de Puerto Rico establezcan el plan de emergencia.
“Estoy esperanzada en que el gobernador acogerá la resolución y la convertirá en Ley. Con ello las agencias tendrían que establecer un plan de emergencia para combatir el abuso contra menores. Esto redundaría en salvaguardar, proteger y garantizar los derechos de los menores (...) El personal del DF debe aclarar lo ocurrido en el caso de la familia de Cayey, para despejar cualquier duda que pueda surgir sobre la forma en cómo manejaron este caso particular. Además deben proveer las herramientas necesarias a la familia para atender la situación. Para esto deben ser sensibles y empáticos”, finalizó.
