El grupo de tenedores de bonos Ad Hoc de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicó ayer su postura sobre el marcador de posición (o placeholder, en inglés) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetando ante la moción de urgencia sometida por la AEE para ese propósito.
Según la moción radicada ayer por la tarde, el grupo Ad Hoc objetó la petición hecha por la AEE para ordenar la programación de una audiencia para considerar la competencia de información contenida en la Declaración de Divulgación preliminar, el establecimiento de una fecha límite para presentar objeciones y respuestas a ese documento, entre otros asuntos.
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“La Junta de Supervisión ha presentado un plan de marcador de posición que evidentemente no es confirmable. Este está acompañado de una declaración de divulgación que no proporciona información precisa o suficiente para permitir que los acreedores tomen decisiones informadas sobre si votar por ese plan, entre otros defectos”, lee la moción disponible públicamente en la página de la AEE.
“El plan propone arbitrariamente pagar a los bonistas de la AEE y a otros acreedores miles de millones de dólares menos de lo que la Junta de Supervisión ha concedido públicamente que la AEE puede permitirse pagar”, añade el documento.
De acuerdo con las divulgaciones hechas por la JSF, el organismo federal concluyó el pasado 8 de noviembre que la AEE podía pagar a los acreedores un total aproximado de $7.8 mil millones.
“Como se describe en el informe público posterior a la mediación, los tenedores de bonos demostraron repetidamente a la Junta que este análisis se basó en datos obsoletos e inexactos, y por lo tanto subestimó groseramente la verdadera capacidad de pago de las deudas reestructuradas en las próximas décadas”, asegura el documento legal.
Según indica el grupo Ad Hoc, la Declaración de Divulgación propuesta por la JSF ignora estos errores y “afirma engañosamente” que la AEE puede asumir esos pagos por no más de $5,400 millones, $2,400 millones menos de lo que el organismo federal acordó con los acreedores que la AEE realmente podía pagar.
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También, la moción afirma que la JSF no explica cómo $2.4 mil millones en ingresos disponibles para pagar a los acreedores “simplemente desaparecieron” en sólo unas pocas semanas, ni tampoco explica por qué la AEE pudo ofrecer acreedores más capacidad de obtener ingresos en una negociación para entonces reclamar en un litigio que esos ingresos no existen.
“La Declaración de Divulgación propuesta no proporciona información—literalmente ninguna—sobre la base sobre la cual la Junta de Supervisión ha llegado a su nueva, y aún más pesimista, visión de lo que la AEE puede pagar a sus acreedores”, asegura la moción.
“Por ejemplo, proporciona información insuficiente sobre los $2.400 millones en cuentas por cobrar adeudadas por otras entidades del Estado Libre Asociado a la AEE, y si se mejoraron los esfuerzos para recaudar esos ingresos podrían aumentar lo que la AEE puede pagar”, añade.
El recurso legal asegura además que el placeholder y la declaración de divulgación propuestos por la AEE también están defectuosos al no hacer ningún esfuerzo serio para dar cuenta de la resolución de problemas legales y disputas de hecho.
En su cuenta de Twiteer, el abogado experto en la Ley Promesa, John Mudd, reaccionó con suspicacia a la moción.
“La Junta radicó su réplica a las oposiciones de los bonistas al calendario para la confirmación del ‘disclosure statement’. Interesante que pasa gran parte de su tiempo defendiendo el plan. Oh well”, lee su post.
