La concesión por parte de la magistrada Laura Taylor Swain de una extensión del periodo concedido a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para entregar un borrador del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es una estrategia del organismo federal para ganar tiempo en las negociaciones con los bonistas que financiaron el crédito en las líneas de combustible de la corporación pública, aseguró a Metro Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en el tema de la Ley Promesa.
“La moción de los mediadores lo que refleja es que se ve esta extensión con reservas, ‘reluctantly’, en términos de que vaya a haber resultados, pero lo que están esperando es que la JSF entregue una información a los bonistas, a ver si esto permite que las negociaciones lleguen a un acuerdo”, explicó Emmanualli Jiménez.
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No obstante, el también representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), reveló que el motivo detrás de la petición de la JSF es ganar tiempo para lograr una negociación con los bonistas conocidos como “Fuel Line Lenders” y establecer aumentos en la factura de energía eléctrica en detrimento de los intereses de los abonados y pagar la deuda.
“Esa es la oferta que le hicieron a los Fuel Line Lenders, que van a financiar esto con el bolsillo de los abonados”, denunció.
“Hay un acuerdo con estos ‘Fuel Line Lenders’, que son los que financiaron las líneas de crédito para comprar combustible, y ahí (en el PAD) la JSF establecerá cómo va a financiar el pago”, continuó Emmanuelli Jiménez. “Y es mediante unos bonos que se van a pagar con un aumento fijo a la tarifa y uno volumétrico que anticipa que la JSF quiere que sea el pueblo el que cargue con los efectos de la mala administración de la clase política de Puerto Rico sobre la AEE”.
El veterano abogado aseguró que la manera en que el organismo federal evadió confirmar o negar un posible aumento a la factura de energía de $23 confirma precisamente que la estrategia para pagar la deuda ascendente a $700 millones y a un 84 por ciento de interés se hará a través de un cargo mensual y otro cargo adicional que dependerá de la demanda por el consumo que serían mortales para la economía local, en especial para las clases menos privilegiadas.
La Ley Promesa requiere que la junta fiscal cuente con el consentimiento de, al menos, una de las clases de acreedores para poder confirmar el PAD. Este requisito tomó gran importancia en las pasadas semanas luego que se reveló que el suplidor petrolero Vitol, un acreedor general no asegurado, obtuvo una clasificación separada tras acordar reducir el total de su reclamo.
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LUMA en tres y dos
Emmanuelli Jiménez recordó que el contrato suplementario con LUMA Energy posee una clausula donde la empresa se reserva el derecho de rescindir del contrato si el PAD no es aceptable para sus operaciones.
“LUMA se reservó el derecho de salirse del contrato si no le gusta el PAD, y mientras más oneroso para el pueblo sea la negociación con los bonistas, más gente se va a desconectar de la red y eso afecta a LUMA porque entonces tendrán menos ingresos para operar el contrato y van a tener más tropiezos, problemas de relaciones públicas y más presión de los políticos”, señaló el experto, quien aseguró además que para la empresa es más costo efectivo mantener el contrato suplementario.
“Ellos no quiere entrar a operar la AEE estando en quiebra porque es más oneroso y eso dio base al contrato suplementario y por eso es que lo vuelven a extender, y ponen que es hasta que termine el caso de quiebra. O sea, que hasta que se consigne una sentencia final y firme cuando el Supremo intervenga y diga ‘No Ha Lugar’, hasta ese momento LUMA no podría entrar así que podríamos estar hablando de por lo menos un año o año y medio adicional que estaría vigente ese contrato suplementario”, indicó Emmanuelli Jiménez.
El abogado explicó además que LUMA se encuentra en un “tres y dos” ya que a cualquier acuerdo que la JSF llegue para pagarle a los bonistas afectará directamente a la empresa al no haber posibilidades reales de más aumentos a la tarifa de electricidad.
“Si hay que aumentar la tarifa para pagarle a los bonistas, qué margen de ganancia tendría LUMA – sin destruir el país – para volver a aumentar la tarifa para cubrir sus necesidades operacionales”, cuestionó el abogado.
Emmanuelli Jiménez comparó la situación con el margen prestatario que establece la cantidad a ser prestada según las garantías que pueda ofrecer el prestatario.
“En esta situación, si tu exprimes a los clientes no es viable porque LUMA se verá apretada en su operación y esa es una condición resolutoria, si LUMA entiende que el plan de ajuste de la deuda no es satisfactorio, se pueden ir”, añadió.
Déjà vu de Ondeo Puerto Rico
Por su parte, la catedrática asociada de la Facultad de Leyes de la Universidad Católica y experta en temas contractuales, María Teresa Alicea Pierantoni, comparó la situación por la que atraviesa LUMA Energy y su dependencia del PAD para asumir un acuerdo contractual formal con el gobierno y la experiencia del gobierno de Puerto Rico hace 20 años con el contratista privado de origen francés, Ondeo (SUEZ) quien administro operaciones de la AAA por un espacio de dos años antes de rescindir al acuerdo.
“Va a pasar lo mismo que pasó con Ondeo, que vinieron, empeoraron el servicio y se fueron con los bolsillos llenos”, aseguró la profesora en referencia a la demanda de $93 millones contra el gobierno en la que prevaleciera Ondeo (Suez) por, según la empresa, la información inexacta proporcionada por el Estado sobre el sistema de agua y alcantarillado.
La profesora recordó que desde 1995, bajo la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló, se había decretado un estado de emergencia en la AAA por la pobre eficiencia del sistema de acueductos, que resultó en un proceso de privatización otorgando un contrato de operación del sistema a la compañía P.S.G.
Subsecuentemente, bajo la administración de la exgobernadora Sila María Calderón, en 2002 se contrató a la empresa francesa Ondeo (SUEZ) para administrar la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con un contrato de operación por $4,000 millones por un término de 10 años. Sin embargo, a tan solo dos años, el contratista y el gobierno optaron por descontinuar el contrato.
El entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Agosto Alicea, quien también encabezó el proceso de selección de la compañía, había asegurado que en proceso de selección la oferta de Ondeo fue menor que las otras propuestas por más de $100 millones.
“A LUMA le sale mejor mantenerse en este contrato suplementario porque gana más dinero que si entra en el contrato de 15 años. Y en cualquier momento se puede ir y al final, volverá a manos de la AEE, pero en una condición más precaria que en la que estaba cuando privatizaron.” lamentó la profesora.
Alicea Pierantoni aseguró no estar sorprendida con la decisión de Taylor Swain ya que, indicó, muchas veces este tipo de decisiones jurídicas se toman a base de consideraciones políticas y no de estricto Derecho.
“Yo creo que esto es previsible, Me parece que ese PAD va a llegar, lo van a avalar bajo el alegato de que es más conveniente para Puerto Rico llegar a un acuerdo. Aunque, me parece a mí, que el pueblo de Puerto Rico es el que lleva las de perder aquí”, denunció la catedrática asociada.
“En una transacción se supone que en ambas partes reciben y ceden para eliminar la incertidumbre que el litigio crea. Esa es la razón de una transacción, pero en este caso se está cediendo demasiado”, lamentó.
