Los titulares de los condominios Ponciana, Torre de Oro y Torres de Aragón ubicados en el centro de la Ciudad de Ponce, los cuales fueron afectados por el terremoto del 7 de enero de 2020 denunciaron una serie de irregularidades de sus respectivas juntas de directores que en su efecto han complicado la situación económica de cerca de ciento cincuenta (150) familias (inquilinos) y comerciantes, todos titulares de esas propiedades.
“Tengo que decir que lamentablemente nuestro desalojo fue ilegal por lo que estamos ahora pagando las consecuencias. Estamos muy molestos porque esta semana tembló en Puerto Rico y vino a nuestra mente el que tengo una propiedad en Estancias de Aragón que no puedo utilizar, pero mes tras mes el banco me reclama el pago de la hipoteca. Esta situación tiene a todos los titulares pagando renta en casas alquiladas, con la complicación de que hay que seguir pagando una propiedad la cual no se nos permite utilizar. Hacemos un llamamiento a cualquier agencia, especialmente al Departamento de Justicia para que tomen cartas en el asunto ya que se está afectando nuestro crédito y nuestra paz mental¨, señaló Ivette González Cuascut.
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Por otro lado, la inquilina del Condominio Ponciana, Margarita Márquez cuestionó la laxitud de las compañías aseguradoras y el comportamiento errático con los titulares de las propiedades afectadas por el terremoto, entendiendo que han hecho causa común con las juntas de directores de los Condominios, bloqueando así la participación de los afectados en las reuniones de negociación.
“No hay duda de que hay serios problemas en el comportamiento de algunos integrantes de las juntas de directores de estos condominios. Tenemos evidencia con fotocopias de cheques y documentos que reflejan desembolsos ilegales de parte de estas personas que deberían ser custodios de nuestros intereses. Hay información en blanco y negro que confirma las acciones tomadas por algunos miembros de las juntas de directores que no están cónsonas con la leyes y reglamentos que rigen la administración de los condominios en Puerto Rico. Se ha dado el caso de que apartamentos están siendo transferidos a miembros de las juntas sin que haya mediado una resolución de renuncia de sus titulares. Más aún, existe copia de un cheque que deja claro de un dinero desembolsado para gastos médicos personales de una miembro de una junta, lo que es totalmente ilegal, abusivo, dejando claro un acto de corrupción castigable por ley”, sostuvo por su parte Juan Howe Hernández, un inquilino del Condominio Ponciana.
“Nosotros hemos comparecido ante la prensa del país para denunciar los atropellos a los cuales estamos siendo sometidos, por un lado, los bancos nos están demandando por el cobro de las hipotecas, por otro lado, no se nos permite tan siquiera preguntar el estado de las reclamaciones o el uso del dinero que ya se ha recibido el cual se ha utilizado para asuntos ajenos a la restauración de los condominios y sus apartamentos. No hay duda de que hay evidencia clara, contundente que prueba el mal uso del poder que le confiere ser miembro de una junta de directores de estos condominios, añadió.
Howe Hernández indicó que espera que la Fiscalía de Ponce y la Policía de Puerto Rico, que tienen ante su consideración varías querellas contra miembros de esas Juntas y administración puedan darle paso a las denuncias.
Investigación senatorial
De otro lado, la senadora Keren Riquelme anunció la radicación de la Resolución del Senado 345 la cual ordena una profunda investigación sobre las denuncias de los titulares sobre la negligencia e incumplimiento contractual de las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras.
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“Hemos observado el dolor de muchas familias, particularmente en el área sur de la isla ante la inacción de las compañías de seguro en actuar para asistirlos. Han pasado casi tres años desde los terremotos de enero de 2020 y todavía no se han resuelto las reclamaciones. Esto no puede continuar. Ayer los residentes de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro, todos en Ponce, levantaron su voz de indignación ante esta problemática. Esto urge una investigación exhaustiva y de manera expedita”, sentenció Riquelme.
La medida ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor a realizar la pesquisa y rendir un informe detallado sobre los hallazgos en un período no mayor a los 30 días calendario.
“No es justo que estas personas tengan que sufrir esto. No sólo están luchando con las aseguradoras y los ajustadores, sino también las juntas de directores le fallan. Estas personas están gastando dinero de, en muchos casos, donde no tienen para pagar alquileres. Reiteramos que no es justo esto, son ya casi tres años”, destacó la senadora por acumulación.
