El licenciado Ignacio Fernández, abogado de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en el caso federal que se sigue en su contra por cargos de conspiración y soborno, aseguró hoy que la encuesta política que dio paso a la acusación no fue preparada para su beneficio.
“Eso ya estamos hablando sobre la prueba y eso las reglas locales me prohíben hablar sobre eso. Lo que sí puedo decir es que eso es un documento que no fue hecho para la gobernadora “, apuntó el Fernández en entrevista con Metro al Mediodía.
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La encuesta preparada por la firma británica C|T Group, fue la que dio pie a la acusación federal tanto de la exgobernadora como del banquero venezolano Julio Herrera-Velutini y el ex agente federal Mark Rosini. El documento que pagó el banquero y que tiene fecha de abril del 2020, según relató la abogada de Herrera-Velutini, Lilly Ann Sánchez, en entrevista previa con Metro, se trata de un estudio que su cliente ordenó para conocer el ambiente político de Puerto Rico en distintos asuntos y medir a seis candidatos a la gobernación.
Según se estima en la acusación federal, la contratación de la firma para el estudio político y otros fines de asesoría tendría un valor de unos $315 mil. El documento apunta a mensajes de texto y otras comunicaciones entre los acusados y terceras personas que establecerían que la ayuda política a la entonces gobernadora se daba a cambio de que destituyeran al entonces Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly. En su lugar, se le pedía que nombrara a alguien recomendado por Herrera-Velutini, según alega la fiscalía federal.
Toda esa fase de la conspiración habría ocurrido entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. El 14 de mayo de 2020, Vázquez designó a Víctor Rodríguez Bonilla como nuevo jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), tras solicitar la renuncia de Joyner Kelly en marzo de ese año. El designado había sido asesor de Bancrédito, el banco que presidía Herrera-Velutini en Puerto Rico.
El abogado de Vázquez, en tanto, coincidió hoy con la abogada de Herrera-Velutini, quien planteó que aunque la exgobernadora realizó la designación de la (OCIF), es el Senado quien tenía que aprobarlo y que a su juicio no se constituye un “quid pro cuo”.
“Es muy posible, es muy buen punto que trae ella, porque la gobernadora no controla el proceso del Senado y el Senado hizo un proceso independiente del ejecutivo, un proceso independiente de la gobernadora y confirmaron esa designación”, dijo.
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Tribunal federal detiene revisión de información
Por otro lado, Fernández sostuvo que luego de la vista celebrada hoy donde el Tribunal federal detiene temporalmente la revisión de información electrónica ocupada en el caso, esperará que el gobierno le comparta hoy toda la información que ocuparon de los correos electrónicos y los teléfonos de los tres acusados para solicitar la supresión.
“Todos tenemos una expectativa de privacidad dentro de la constitución y el gobierno tiene, si va a ocupar o si va a allanar necesita ser específico con lo que va a ocupar y en ese caso ocupó todo”, apuntó.
Explicó que la información ocupada se le da a un grupo de abogados dentro del Departamento de Justicia que deben ser un filtro, pero lo catalogó como un “problema” porque será ese mismo grupo quien establecerá qué es privilegiado o no.
“La idea es que esos abogados inspeccionen esa data, eliminen de esa data cualquier comunicación entre los acusados y sus abogados y entonces le den la data ya filtrada al team de abogados de Justicia que está llevando el caso. El problema de esto es que es el team filtro es el que decide qué es privilegiado o no, ese es el primer problema. Es Justicia mismo decidiendo lo que es privilegiado y segundo, eso no subsana el hecho de que de primer orden ocuparon todo… y lo que estamos solicitando es la supresión de eso”, señaló.
Según el licenciado, el pleito podría extender un año más antes de que se vea el juicio, lo que podría coincidir con el año electoral. En ese sentido, Fernández indicó que ya solicitaron moverlo.
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini enfrentan siente cargos por conspiración, soborno y fraude, por lo que se exponen a 20 años de prisión.
