Una querella administrativa fue presentada contra el agente Tito Rivera Hernández en el Negociado de la Policía por el manejo del caso del asesinato del exponente de música urbana Kevin Fret en el año 2019.
El oficial quedará fuera de sus labores, bajo licencia, mientras se lleve a cabo la pesquisa interna en la policía. La querella fue presentada luego de que surgiera nueva información sobre alegadas irregularidades cometidas por el agente en la investigación del caso.
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Según un reportaje presentado en Las Noticias (TeleOnce), una de las razones por las que el caso no progresó fueron las presuntas acciones del agente Tito Omar Rivera Hernández, quien estaba asignado al caso por la División de Homicidios del CIC de San Juan. De acuerdo a la investigación, Rivera Hernández presuntamente dificultó la pesquisa al asumir un rol de fanático y no de un agente investigador. En una vista del caso, el agente procedió a tomarse un “selfie” con el exponete Ozuna quien había sido entrevistado al inicio de la investigación.
Según explicó Roberto Rivera, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, Rivera Hernández debió notificar que su labor de agente investigador podría verse afectada por ser fanático de Ozuna.
Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que la investigación del caso del asesinato del trapero Kevin Fret continúa bajo su administración.
“La investigación sobre la muerte de Kevin Fret Rodríguez continúa su curso bajo mi administración como secretario de Justicia y cuenta con todo el aval de este servidor, de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, y todo el Departamento de Justicia. Nos aseguraremos de que se atienda con agilidad por parte de la fiscal a cargo, Betzaida Quiñones Rodríguez, quien custodia el expediente desde el inicio del proceso, así como los demás funcionarios que participan de la investigación. La prioridad del Ministerio Público es hacerle justicia a la víctima y a sus familiares”, dijo en declaraciones escritas.
Su reacción surge luego que ayer la fiscal Betzaida Quiñones asegurara al programa Lo Sé Todo de WAPA TV que la investigación se encontraba paralizada desde 2021 y responsabilizó a la exjefa de los fiscales, Olga Castellón y a la exgobernadora Wanda Vázquez por su paralización de la investigación.
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“A raíz de las alegaciones de la fiscal sobre una paralización del proceso en el pasado, encomendé una indagación interna para recopilar y analizar los informes y documentos relacionados con el caso con el fin de poner en contexto las decisiones tomadas anteriormente. De los documentos examinados hasta el momento no surge ningún desvío de las facultades que le confiere la ley a la Oficina de la Jefa de los Fiscales durante la pasada administración”, señaló el secretario.
“No debe haber la menor duda de que de surgir evidencia de alguna intervención o actuación indebida, será investigada, sin distinción de persona. No vamos a poner en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios por nada ni por nadie”, sostuvo.
Quiñones, dijo, además, que pidió explicaciones, pero nunca las obtuvo.
“A mí no me dieron explicaciones, solamente me dijeron que se tenía que tramitar a través de la Oficina de la Jefa de Fiscales lo cual a mí me pareció sumamente extraño porque este caso es igual que cualquier otro caso en Puerto Rico “, apuntó.
Aseguró que en el caso, junto al agente investigativo, tenía un tracto de las personas que debía entrevistar, pero que cada vez que solicitaba autorización a través de la Oficina de la Jefa de los Fiscales se lo denegaban.
“Cada vez que pedía autorización a la jefa de fiscales se me denegaba y yo no te puedo decir que fue Olga Castellón solamente, te tengo que decir que fue también Wanda Vázquez porque era la que estaba dirigiendo el Departamento de Justicia en ese momento”, dijo.
De igual manera, manifestó que los federales no asumieron la jurisdicción del caso a pesar de tocar varias puertas de agentes federales por entender que se trataba de un asesinato por encargo.
“Yo traté en varias ocasiones de que ellos tomaran la jurisdicción del caso, pero ellos sí colaboraron hasta cierto punto en la investigación pero no entraron a investigar el caso”, apuntó.
Dijo que luego de que el agente que inició el caso cambiara a un puesto federal, la Policía, de manera administrativa, decide darle el caso a otra división que es Crímenes Mayores con otro agente a su cargo, pero la misma fue paralizada en 2021.
El trapero abiertamente gay, falleció en enero del 2019 en el Centro Médico de Río Piedras a donde fue trasladado luego de ser baleado en Santurce mientras conducía una motora Yamaha del año 2017. El joven artista recibió ocho impactos de bala y uno de ellos mortal en la cabeza. Como parte de las teorías se alega que el occiso tenía en su poder un video que pudo ser el motivo de su asesinato.
