Una jueza del Tribunal de Primera Instancia San Juan determinó hoy, miércoles, causa para arresto contra un hombre, quien es líder religioso de jóvenes en Salinas, por presunta agresión sexual a una menor.
Contra el líder religioso, identificado como José Gautier Bermúdez Soler de 42 años, se sometieron ocho cargos por agresión sexual y seis por actos lascivos.
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Se le impuso una fianza de $280,000.
Surge de la investigación que la víctima es sobrina de la esposa de Bermúdez Soler.
Según las autoridades, fue el padre de crianza que se percató de unos mensajes de texto de contenido sentimental y pornográfico en el celular de la menor y lo denunció a las autoridades.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 16 de noviembre.
La fiscal María Ysabel Cruz Rolón, quien presentó los cargos, informó que los mencionados actos de agresión sexual comenzaron cuando la joven tenía catorce años, y el imputado cuarenta años, y se prolongaron por espacio de nueve meses.
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La investigación conducida por la agente Aidalí Plaza, de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, reveló que los abusos comenzaron en junio del 2021 y se extendieron hasta el mes de marzo de 2022.
Según informó la fiscal, el padre de la menor decidió acudir a las autoridades para denunciar a Bermúdez Soler tan pronto identificó la situación que enfrentaba su hija.
Hasta el momento de ser confrontado por la familia de la niña, Bermúdez Soler fungía como líder de un grupo de jóvenes de una iglesia en el pueblo de Guayama.
De acuerdo con la investigación, las agresiones se suscitaron en cinco regiones judiciales, a saber: San Juan, Carolina, Bayamón y Guayama.
Contra Bermúdez se radicaron ocho cargos de agresión sexual por violaciones al Artículo 130 inciso (a) del Código Penal del 2012. De ser encontrado culpable, se expone a un término fijo de reclusión de cincuenta años por cada cargo. De igual forma, se le radicaron seis cargos de actos lascivos por violaciones al Artículo 133 del Código Penal, por lo cual se expone a una pena de reclusión de quince años por cargo.
