Litza García, de Toa Baja, aseguró que debe mudarse por tres meses para que reparen su hogar, pero no consigue un lugar para reubicarse. No tiene familia para alojarse temporeramente, y los agentes de bienes raíces y los dueños de apartamentos se niegan a alquilarle una vivienda por tan poco tiempo. Además, la también paciente de cáncer mencionó que la casa es de dos pisos y no requiere reconstrucción total por lo que ha pedido quedarse en una parte de la casa mientras arreglan la otra, pero no se lo permiten.
Esta es una de muchas experiencias similares de seres humanos que han sido desplazados de sus hogares en los pasados cinco años después del paso del huracán María.
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“(El programa R3) fundamentalmente está roto y no está funcionando. Eso no lo decimos porque somos abogadas que quieren pelear contra el gobierno, lo hacemos porque somos abogadas que acompañamos constantemente a personas con testimonios como estos y que están en estados graves de desesperación porque necesitan un techo seguro y todavía no lo tienen”, según Ariadna Michelle Gaudreau, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico.
La Cámara de Representantes realizó una vista pública de la Comisión de Vivienda, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero, sobre la Resolución de la Cámara 8 (R. C. 8), para monitorear, dar seguimiento y llevar a cabo investigaciones continuas sobre las operaciones del Departamento de la Vivienda, entiéndase, todo lo relacionado a los asuntos operacionales, administrativos y económicos de la agencia; y la Resolución de la Cámara 671 (R. C. 671), para investigar el alcance y avance del programa R3 (Reparación, Reconstrucción y/o Reubicación) en el Municipio de Ponce, cubierto con fondos CDBG-DR.
Los citados fueron Ayuda Legal PR, el Departamento de la Vivienda, Thompson Construction, AECOM, IEM y Horne.
Según la secretaria del programa CDBG-DR, Maytte Texidor López, actualmente manejan 17,755 solicitudes activas. De las 13,512 solicitudes que han sido completadas, 6,265 han recibido adjudicaciones de reconstrucción y reparación. Otros 1,995 solicitantes ya han recibido los vales para reubicación y se han completado los trabajos de reconstrucción en más de 4,270 casas. Otros 1,053 casos se encuentran en la etapa de diseño y permisos, y 1,355 están en proceso de construcción.
Al 29 de agosto, en Ayuda Legal tenían 2,311 vales de reubicación que habían sido otorgados a personas bajo el programa R3. De estos, solo habían hecho 128 reubicaciones. Aunque en el caso de Ponce, uno de los pueblos más afectados por el huracán Fiona, había 176 vales otorgados y solamente ha habido cinco reubicaciones.
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Añadió que el Departamento de Vivienda debe tener claro la falta de viviendas adecuadas en el país y la desesperación de las familias que han perdido sus casas más de una vez dentro de los pasados cinco años.
La secretaria del programa CDBG-DR aseguró que “los empleados del Departamento de la Vivienda están bien claros sobre la necesidad que hay de vivienda en Puerto Rico y los vemos como más que un número, los vemos como personas porque nosotros atendemos a esas personas que llegan hasta donde nosotros para dar una queja o solicitar el estatus”.
Ayuda Legal hizo un llamado al Departamento de la Vivienda para que flexibilice los criterios del programa R3, como por ejemplo en el caso de la titularidad. Gaudreau aseguró que la titularidad no debe ser una condición para recibir asistencia, pero el Departamento de la Vivienda adoptó ese criterio por muchos años.
Aunque el criterio se eliminó, se mantuvo un programa de autorización de títulos el cual tiene asignados $44 millones y que a esta fecha ha registrado 84 títulos de propiedad.
En cambio, Texidor López indicó que el Departamento de la Vivienda no impuso como requisito para ser beneficiario del programa R3 ser dueño de la propiedad, sino que estableció que estarían adquiriendo la propiedad afectada por el huracán a cambio de dar el beneficio de una relocalización.
Agregó que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que propuso que se estableciera una certificación de titularidad, y que la Junta de Planificación adoptara una resolución en la que se evitara el recibimiento de esos documentos para emitir el permiso de construcción.
Ayuda Legal también pidió que se aumente el inventario de propiedades disponibles para la reubicación y la creación de una lista de estas casas ya que el proceso de conseguir una vivienda donde acepten el vale sin discriminar por ingreso y que esté en condiciones aptas para vivir puede tomar meses. Recomendaron también que el vale se pueda usar para hacer una inversión módica en el caso de que la persona consiga un hogar que no sea habitable.
“Hay un plan para que la vida en Puerto Rico sea cada vez más difícil. Para que no haya escuelas accesibles, para que las casas se destruyan o no puedan ser reparadas, que la gente tenga que irse del país y en el caso de las personas mayores que se mueran”, aseguró la representante Mariana Nogales Molinelli.
Añadió que se trata de las necropolíticas, que son las políticas que está implementando el gobierno para expulsar y matar a la población.
Además, mencionó que, si el Departamento de la Vivienda no tiene un inventario de casas disponibles para el programa R3, está incumpliendo con su deber ya que en una vista pasada la legisladora pidió que lo crearan.
Otro llamado que hacen al Departamento de la Vivienda es que tengan una estrategia real para los toldos azules que, horas después del paso del huracán Fiona, la agencia eliminó el programa de reparación de techos azules para cambiarlo por un programa de censo de techos azules que habían dicho que ya estaba completado.
Por su parte, la representante Lisie Burgos aseguró que un gran problema es la falta de educación al ciudadano por lo que recomienda que se utilicen canchas para que el gobierno llegue a ayudar a llenar formularios para aquellos que lo necesiten.
Sin embargo, Texidor López señaló que en el 2019 hicieron un acuerdo con la mayoría de los municipios para que trabajaran en la divulgación del programa.
“El Departamento de la Vivienda estuvo alrededor de toda la Isla brindando talleres en canchas y centro comunales... Se contrataron unos gerentes de programa que establecieron oficinas regionales alrededor de toda la Isla para que si la persona no tenía acceso a la aplicación que se hizo por teléfono o una computadora, podía llegar a esos centros. Se hicieron actividades comunitarias donde se llevaban computadoras y se les llenaba la solicitud allí mismo”, aseguró.
