El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) coincidió con la recomendación realizada por el Departamento de Justicia de no designar un fiscal especial al exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte y otros exfuncionarios de esa agencia.
La investigación surgió a base de un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) que concluyó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas, por valor de $15,171. Además, reveló que el exsecretario Contreras Aponte autorizó tal despacho. Estos hechos ocurrieron en el marco de la emergencia provocada por el paso del huracán María, entre los meses de septiembre a diciembre del 2017.
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El informe agrega que con estas acciones pudieron haberse configurado una serie de delito tipificados en el Código penal de Puerto Rico, el reglamento de la AMA y la ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
La OCPR le atribuyó las referidas actuaciones al entonces presidente y gerente general de la AMA, Santos Delgado Marrero, al director de la Oficina de Seguridad Interna de la AMA, Sr. Orlando Rodríguez Fuentes, y los dos oficiales, Sr. José Fernández del Valle y Sr. Wilber Muñiz Sánchez.
Por su parte, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que tuvo a su cargo la investigación preliminar, concluyó entre otras cosas que la OCPR no tomó en consideración la relación contractual habida entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y ACI-Herzog, para los meses de septiembre a diciembre del 2017.
Del mismo modo, indicaron que no se investigó si la AMA le había facturado a la empresa el combustible despachado. De hecho, posteriormente advino en conocimiento de que se había equivocado sobre ese asunto.
El informe señala, además que tampoco se perjuraron los oficiales de seguridad interna, José Fernández Valle y Wilbert Muñiz Sánchez, como considera la OCPR.
Finalmente, la DIPAC concluyó que luego de un “amplio análisis” sobre todas la actuaciones de las personas mencionadas en el informe de la OCPR, incluyendo al exsecretario del DTOP,, ninguno incurrió en posible conducta delictiva. Por ello, le aconsejó al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, que no recomendara al panel la designación de un FEI para investigar a los funcionarios señalados. El secretario estuvo de acuerdo con esta determinación.
