La Fundación Mujeres en Puerto Rico (FMnPR) alertó sobre el posible cierre de dos albergues que ofrecen servicios a víctimas y sobrevivientes de violencia de género tras la revocación de sobre $400 mil en fondos del Programa de Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA) que administra el Departamento de Justicia.
Según indicaron, se trata de dos albergues que se encuentran fuera del área metropolitana, Capromuni I y Capromuni II. La acción de cerrar estos albergues podría dejar desatendidas a miles de mujeres junta sus hijas e hijos en las zonas oeste y norcentral de Puerto Rico.
PUBLICIDAD
La FMnPR calificó esta acción como “una falta de respuesta y compromiso gubernamental con la erradicación de la violencia machista, particularmente inaceptable ante un estado de emergencia declarado por el gobernador, que busca atender la crisis de violencia de género en Puerto Rico”
“Esta situación, nos coloca en una situación muy precaria para responder y proteger la vida de las mujeres, con sus hijos e hijas, que necesitan escapar y buscar seguridad, y protección. Es inconcebible que, durante un estado de emergencia por violencia de género y de la crisis que estamos viviendo a partir del paso del huracán Fiona, los albergues estén pasando por una situación tan terrible; es algo que pudo ser prevenido y evitado”, denunció Sara Benítez Delgado, copresidenta del organismo, que es el único fondo en Puerto Rico que apoya directamente a mujeres y la comunidad LGBTQ+.
El Observatorio de Equidad de Género ha registrado hasta esta fecha 52 feminicidios. El 84% de las denuncias por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica es una mujer la perjudicada, según datos de los primeros cuatro meses del 2022.
“Vulnerabilizar las condiciones ya precarias de las víctimas de violencia de género imposibilita las tan necesarias vías de escape y ayuda inmediata. Con el cierre de ambos albergues, se perderían hasta 60 camas para recibir a mujeres violentadas; una situación que agudizará la crisis actual, expresó por su parte Coraly León Morales, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, en un sondeo de necesidades de la FMnPR a su ecosistema de organizaciones que han sido subvencionadas.
Del mismo modo explicaron que los albergues son un servicio esencial, sobre todo en momentos de emergencia causados por el paso de los huracanes.
PUBLICIDAD
Este recorte de fondos no sólo reduciría las opciones de seguridad para las víctimas junto a sus hijas e hijos, también habría un desplazamiento de profesionales especializadas en violencia de género.En momentos como estos, es esencial la alianza del gobierno junto a entidades no gubernamentales comunitarias y feministas.
“El Estado debe asegurar que sus planes de emergencia incluya las acciones necesarias para prevenir y trabajar en contra de todas las formas de violencia de género y proteger la vida e integridad de las sobrevivientes. Desde el paso del Huracán Maria, las organizaciones de mujeres elaboraron guías y protocolos para atender adecuadamente las necesidades de las sobrevivientes y víctimas de violencia de género durante una emergencia como la que estamos viviendo. Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno mantenga una efectiva colaboración con las organizaciones de mujeres que son las que conocen las necesidades de sus comunidades”, concluyó, por su parte, Veronica Colón Rosario, directora ejecutiva de la FMnPR.
Respuesta de Justicia a la falta de fondos
El secretario de Justicia anunció en el día de ayer una nueva subvención estatal para atender la disminución de los fondos del programa VOCA debido a la merma poblacional y aseguró que las entidades que no han recibido los fondos tendrán otra oportunidad de solicitar.
“El gobernador, Pedro R. Pierluisi, aprobó una solicitud que realicé para identificar la cantidad de $6.4 millones de dólares como una subvención estatal para este propósito. Esta asignación presupuestaria fue incluida en el Plan Fiscal 2022-2023. Esta iniciativa nos permitirá atender y apoyar los esfuerzos para enfrentar la disminución de fondos federales y asegurar la continuidad de servicios directos a las víctimas de delito, en especial, las víctimas de violencia de género”, indicó Emanuelli Hernández, quien ha realizado múltiples gestiones para lograr incrementar los fondos designados a la isla para brindar servicios a las víctimas del crimen.
Debido a los cambios registrados en la población, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reducido las asignaciones de fondos VOCA a distintos estados y territorios. “La cuantía de los fondos asignados se calcula mediante una fórmula basada en la población de los estados y territorios, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos”, explicó el secretario.
Desde el año pasado, Emanuelli Hernández solicitó por escrito al Attorney General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, una reconsideración de la asignación realizada a la isla. Además, con el apoyo del Gobierno de Puerto Rico, se han identificado varias partidas de fondos estatales para mitigar la disminución de estos fondos. “Entendemos que la situación de Puerto Rico se puede distinguir de otras jurisdicciones, por lo que solicitamos que se incrementara esta asignación. Además, hemos sostenido reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para explicarles nuestra postura”, indicó Emanuelli Hernández.
“Aunque, por disposición del Departamento de Justicia federal, los solicitantes deben garantizar la sostenibilidad fiscal de sus proyectos si la financiación de los fondos VOCA disminuye o no está disponible, estamos tomando medidas para mitigar el impacto de la reducción. Entendemos la importancia y el rol social de las organizaciones que reciben estos fondos y continuaremos apoyándoles”, manifestó el secretario.
