Luego de la determinación de la Junta de Control Fiscal (JCF) de continuar en el Tribunal federal la restructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica por encontrarse en un impasse, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia sostuvo que ningún acuerdo puede aumentar desproporcionalmente las tarifas a los consumidores.
“Desafortunadamente, nos encontramos en un impasse en el proceso de mediación, el cual no ha rendido fruto. Mi Administración no puede aceptar un acuerdo que afecte desproporcionadamente los bolsillos de nuestras familias trabajadoras y los recursos que nuestros comerciantes necesitan para hacer crecer nuestra economía y crear y retener empleos en la Isla.
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Mi compromiso con lograr acuerdos consensuales de restructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico quedó evidenciado por el recién aprobado plan de ajuste de la deuda del gobierno central y por el plan de ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación que se completará pronto. Sin embargo, como política pública, y consistente con los objetivos de la Ley PROMESA, mi Administración no puede apoyar, ni apoyará, propuestas que sean impagables. La AEE tiene que reducir su deuda a niveles sostenibles que sus abonados en Puerto Rico puedan pagar”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.
“Por consiguiente, he autorizado a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF) a trabajar con la Junta de Supervisión para tomar las acciones que sean necesarias para defender los mejores intereses de Puerto Rico, lograr electricidad asequible y garantizar un sistema de energía eléctrica confiable y limpio para el pueblo de Puerto Rico. Continuamos estando disponibles para colaborar con los acreedores de la AEE para lograr un acuerdo de restructuración justo y razonable y apoyaremos a la Junta de Supervisión en la continuación del proceso en el Tribunal federal de Título III”, añadió.
La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció en la noche del viernes que hay un impasse en la mediación con los bonistas sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y presentó el calendario requerido ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a fin de reanudar el litigio contra los bonistas de la AEE.
“El objetivo de la Junta siempre ha sido alcanzar un acuerdo que reduzca la deuda de la AEE a niveles asequibles. El costo de cualquier repago de la deuda recaería sobre los abonados de la AEE, y la Junta analizó cuidadosamente lo que podemos esperar que paguen los residentes y las empresas de Puerto Rico por la electricidad. Las tarifas eléctricas son clave para el futuro económico de Puerto Rico” expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel en declaraciones escritas.
Como consecuencia, presentaron su calendario de litigio propuesto en cumplimiento de una orden judicial anterior que le obligaba a presentar, entre otras opciones, un calendario de litigio expedito para varias controversias con los acreedores de la AEE.
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La Junta también favoreció dar continuidad a la mediación y a las negociaciones con todas las partes involucradas a medida que progrese el litigio.
“La decisión de la Junta de Supervisión de abandonar la mediación global es extremadamente decepcionante. Alcanzar un acuerdo para poner fin a la quiebra y evitar litigios costosos y prolongados con los principales acreedores de la AEE estaba claramente al alcance, pero en lugar de hacer un trato, la Junta de Supervisión se retiró de la mesa en el último momento.
A los bonistas de la AEE, incluidos miles de retirados de los Estados Unidos continentales y de Puerto Rico, no se les ha pagado nada durante ocho años y no han sido tratados de la mejor forma en todo este proceso. Merecían los mejores esfuerzos de negociación de la Junta de Supervisión y su compromiso con el proceso de mediación.
Un acuerdo consensuado para reestructurar la deuda de la AEE era la mejor solución para todos, especialmente para Puerto Rico. Habría catalizado una inversión del sector privado muy necesaria para reconstruir y modernizar la red eléctrica de Puerto Rico y habría brindado a los residentes de Puerto Rico energía más limpia, confiable y asequible. Ahora, todo esto podría dilatarse durante años debido a la preferencia de la Junta de Supervisión de litigar en lugar de llegar a acuerdos”, expuso el integrante de la Junta, Justin Petersen.
