Un análisis del Instituto para las Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA) apunta a que a cinco años del paso del huracán María por Puerto Rico la transformación energética ha estado en manos de autogestión familiar mediante la instalación de sistemas solares en los hogares puertorriqueños ante la ineficiencia de la restauración del sistema eléctrico del país.
El documento apunta que en los hogares puertorriqueños se han instalado más de 250 megavatios (MW) de energía solar distribuida en los techos desde septiembre de 2017. “Más de 40,000 hogares han decidido proteger sus hogares y familias pagando para instalar paneles solares en la azotea. La gran mayoría de los sistemas se han instalado con almacenamiento de batería para proporcionar resiliencia durante las interrupciones de la red. Se están instalando sin subsidios federales, ya que los residentes de Puerto Rico no son elegibles para un crédito fiscal federal disponible en el continente”, lee el análisis realizado por Tom Sanzillo, director de análisis financiero del IEEFA.
Se apunta a que los sistemas solares en los techos que están interconectados a la red eléctrica del archipiélago representan el 3.7 % del consumo de electricidad en Puerto Rico. Esto es actualmente más que lo que se genera en proyectos a escala de servicios públicos en el área de energía verde.
“A pesar del amplio apoyo público a la energía renovable, particularmente a la energía solar en los techos, la respuesta del gobierno ha sido contradictoria e ineficaz. El operador privado de la red LUMA Energy y la Junta Federal de Administración de Supervisión Financiera están considerando en el plan fiscal de este año debilitar el incentivo de medición neta. Un plan integrado de recursos, aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico en 2020 como un plan de 20 años para el sistema de generación de energía de la isla, prioriza el desarrollo de energía renovable y el almacenamiento. Sin embargo, no se han construido nuevos proyectos de energía renovable a escala de servicios públicos. Los contratos firmados en 2022 se enfrentan a la controversia sobre el uso de tierras agrícolas para granjas solares”, detalla el informe.
El análisis califica como equivocada la estrategia que apuntaría al uso de gas natural. Detalla los problemas con el proyecto para el desarrollo de una terminal de importación de gas natural licuado (GNL) en la Bahía de San Juan por New Fortress Energy (NFE). También se detallan los problemas de ejecución en el contrato de transmisión y distribución de energía al ente privado LUMA Energy.
“Es ampliamente aceptado que el camino más seguro para bajar las tarifas y estabilizar las finanzas del sistema eléctrico es poner fin a la dependencia de Puerto Rico de los combustibles fósiles. La gente de la isla, al menos, aquellos que pueden permitírselo, pusieron pies en tierra y se mueven en esa dirección. Ya es hora de que el gobierno federal y el gobierno de la isla se enfrenten a los intereses de los combustibles fósiles y los bonistas, y destinen los miles de millones de dólares del dinero de la reconstrucción de la red a la reconstrucción de una red resiliente, descentralizada y basada en energía renovable”, opinó Sanzillo en su análisis.