Varios meses luego de recibir críticas por su manejo de varias denuncias de hostigamiento realizadas por mujeres dentro de la colectividad, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó hoy, miércoles, un nuevo protocolo que impone cambios en la manera en que manejan casos de discrimen por razón de género.
El documento, de unas 11 páginas de extensión, detalla cómo una víctima de un patrón de violencia dirigida hacia ella podría realizar las denuncias.
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De igual forma, también especifica que una persona acusada de algún comportamiento inapropiado podría recibir sanciones como una amonestación, destitución de una posición de liderazgo e inhabilitado de ocupar puestos adicionales en el futuro, se le podría prohibir el acceso a comités locales.
“Esta política institucional establece unos procedimientos adjudicativos claros con el propósito de eliminar la impunidad y procurar condiciones de seguridad en espacios de militancia”, expresó la secretaria de Asuntos de Mujer y Género del PIP, Adriana Gutiérrez Colón, durante una conferencia de prensa en la sede de la colectividad en Hato Rey.
“El PIP es el único partido en Puerto Rico que ha diseñado una política institucional ya aprobado, una política institucional para atender situaciones de marginación y discrimen en el contexto específico de la militancia en el trabajo político voluntario y que atiende no solamente la situación de las mujeres, sino que reconoce la necesidad de espacios seguros para la comunidad LGBTTQ+”, expresó, por su parte, la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón.
La implementación de este protocolo surge varios meses de que se ventilara en redes sociales una denuncia en contra de un militante del partido que fue acusado de incurrir en un patrón de hostigamiento laboral en contra de una integrante del partido. La acusación dio paso a denuncias adicionales de hostigamiento sexual que luego fueron investigadas por una comisión especial que después determinó que ninguna de las partes acusadas cometieron actos inapropiados hacia las denunciantes.
Sin embargo, en el caso de la primera denuncia, la denunciante optó por no participar en el proceso de entrevistas e investigación.
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A diferencia de la manera en que manejaron esos casos anteriores, el nuevo protocolo establece un periodo de 45 días a partir de la radicación de la denuncia para presentar el informe final, al igual que canales de comunicación adicionales para emitir la denuncia.
Asimismo, la política establece una prohibición de represalias a personas que presenten una querella, que comparezcan para dar testimonios o que formen parte de la investigación.
“Esto nos facilita un paso porque establece unos parámetros claros para poder tener u proceso adjudicativo de manera más rápida y eficaz porque establece términos y límites para entregar esos informes”, adelantó Gutiérrez Colón.
PIP entrega defensa por multa de OPM
Luego de anunciar los resultados de la investigación que realizó ante las denuncias iniciales, la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) anunció tres multas ascendentes a $30,000 contra la colectividad por la falta de un protocolo que evite un espacio de trabajo seguro para las mujeres.
Ante eso, Santiago Negrón anunció que estaría defendiéndose de las alegaciones y hoy la senadora adelantó que la contestación del partido fue entregada.
“Se sometió en el día de hoy”, confirmó la funcionaria.
Al ser cuestionada sobre si también entregó el protocolo como parte de la contestación, la legisladora pipiola se limitó a decir que el documento no fue requerido por la OPM.
“No, no era parte de. De nuevo, esto (el protocolo) es algo que surgió del partido”, contestó la funcionaria a preguntas de la prensa.
La querella en contra del PIP fue presentada el pasado mes por la OPM. En ese entonces, la justificación que utilizó la entidad es que el partido no contaba con un protocolo para manejar casos de hostigamiento sexual y laboral hacia las mujeres que laboran en el PIP.
Según la querella, al PIP se le imputan tres faltas por no proveer a sus empleadas un ambiente libre de hostigamiento sexual, por haberse demorado en implementar un protocolo para evitarlo y por no contar con política pública que evite el hostigamiento laboral hacia sus trabajadoras.
Cada unas de estas tres faltas impone multa de $10,000, por lo que la cantidad a la que asciende la multa es $30,000.
