Documentos con información personal y de estudiantes, conexiones activas a los servicios de agua y luz, así como escondite de criminales y refugio para usuarios de drogas. Esa es la realidad al presente de gran cantidad de escuelas en Puerto Rico que fueron cerradas en años recientes.
Así se se comprobó tras una pesquisa de la Oficina del Procurador del Ciudadano. La misma determinó que solo un 39% de esas escuelas han sido adjudicadas o concedidas para otros usos, según solicitud de Instituciones o algunos Municipios.
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El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, informó que en coordinación con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, su oficina realizó una investigación e inspección de las escuelas cerradas en los años 2017 y 2018. El Informe detallado será entregado a Educación a fines de septiembre.
Hallazgos alarmantes
Durante la pesquisa, se identificaron documentos con datos sensitivos y datos personales, en 16 de estas escuelas cerradas. Entre los documentos inspeccionados hay expedientes y tarjetas de estudiantes, así como tarjetas de ponches de empleados, con direcciones y números de identificación y hasta documentos con números de seguro social. Se encontraron estos documentos sin custodiar, almacenar o decomisar debidamente, según lo requiere la Ley de Documentos Públicos.
También se encontró mobiliario y propiedad tales como escritorios, archivos, fuentes de agua, timbres, equipo electrónico, computadoras, libros nuevos y materiales escolares servible e inservible.
Se detectó que los servicios agua y electricidad permanecían conectados. El servicio de agua estaba conectado en 30 escuelas en desuso y el eléctrico en 32.
Grave problema de seguridad
García Feliciano hizo hincapié en otra serie de anomalías detectadas que advirtió requieren también la urgente intervención del aparato de seguridad pública, el Departamento de la Familia, Departamento de Salud y ASSMCA, entre otras agencias. Pasó a detallarlos:
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- Se identificaron más de 25 de estas escuelas en desuso, donde se impide el acceso por estar en aparente control y ocupación de personas para actividades criminales. Los salones, así como canchas escolares, se usan para aparentes actividades delictivas, almacenamiento de vehículos sin tablillas y desmantelamiento de los mismos.
- Identificación en 15 escuelas cerradas, con animales y caballos realengos en las canchas, pasillos y hasta dentro de salones.
- Personas sin hogar viviendo en estas escuelas, así como individuos con aparente dependencia de sustancias controladas que podrían requerir ayuda para tratamiento.
Además, la pesquisa ordenada por el Ombudsman detectó falta de mantenimiento en 105 de las escuelas inspeccionadas. “Esto ha ocasionado vandalismo, destrucción o robo de verjas, puertas o ventanas. Esta situación ha convertido muchas de estas escuelas en estorbos públicos, lo que acarrea otros agravantes como actividades delictivas y clandestinas, basureros, animales realengos entre otros problemas que afectan la salud pública, la calidad de vida de las comunidades aledañas y a quienes transitan por el área. La jurisdicción entre las agencias parece no estar definida por lo que se hace necesario revisar los procesos para que se actúe conforme sea necesario”, adjudicó el funcionario.
“El trabajo del Ombudsman fue arduo, ya que los 18 investigadores de la Procuraduría visitaron e inspeccionaron unas 400 escuelas cerradas de todas las Regiones de Puerto Rico, para un 94% de impacto en estas escuelas. El desglose revela que, de 181 escuelas cerradas en 2017, se visitaron 169 planteles o un 93%; y de 223 escuelas cerradas en el 2018, se visitaron 212 para un 95%”, se informó en comunicado de prensa.
“Mi experiencia como funcionario y como exalcalde me dice que lo importante es encontrar soluciones. Este trabajo coordinado con Educación provee de manera independiente, una visualización de la realidad para que se allanen mecanismos de solución y resolver situaciones que atenten contra el interés público. Esa es nuestra meta”, apuntó García Feliciano.
Se indicó que las estructuras y predios que albergan los planteles cerrados, aunque bajo dominio de Educación, pertenecen a diversas agencias como Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Mejoramiento de Edificios Públicos (OMEP), según los procedimientos establecidos en el proceso de cierre.
“Les estamos sometiendo Requerimientos de Información, así como Informes de Hallazgos, con el propósito de que las agencias pertinentes tomen las medidas correctivas necesarias. Se hace necesario atender los problemas que afectan las comunidades y ciudadanos que residen en las áreas donde ubicaban las escuelas, ahora cerradas”, expresó el Procurador.
