La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón anunció hoy, lunes la radicación del Proyecto del Senado 982 (P. S. 982) que busca garantizar a personas con diversidad funcional el acceso a servicios médicos.
La legisladora dijo que espera reunirse pronto con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, para que, dentro de seis meses, adopte una reglamentación que ayude a mejorar la experiencia médica de personas con discapacidades que muchas veces puede ser traumática.
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“Lamentablemente, la infraestructura del Departamento de Salud, así como de muchos otros aspectos del sistema de salud de Puerto Rico, no contemplan consideraciones específicas suficientes hacia las personas con necesidades especiales. En Puerto Rico, las condiciones que se exigen para permanecer en las salas de espera, o para recibir tratamiento en los entornos clínicos, suelen ser incompatibles con las características, y conductas inherentes a ciertos diagnósticos o trastornos. Esa realidad genera una brecha, en ocasiones insubsanable, entre las familias de personas con diversidad funcional y los servicios de salud a los que todo ser humano tiene derecho. Esto, como hemos resaltado, afecta la calidad de vida y reduce la expectativa de vida para una población especialmente vulnerable”, señaló Santiago.
Añadió que hay una gran falta de protocolos y conocimiento para atender a niños y niñas con discapacidades, especialmente con condiciones severas. Según Santiago, esta población representa más de 100,000 estudiantes en el Departamento de Educación y casi medio millón de personas en Puerto Rico.
Además, los profesionales de la salud no reciben una capacitación específica sobre la diversidad funcional crónica en su educación médica formal.
“No hay educación continua especifica requerida para manejar la diversidad funcional. Cuando hablamos de diversidad funcional estamos hablando de escenarios bien distintos, trabajar con personas que tiene grados severos de autismo requiere unas destrezas muy distintas a las de trabajar con personas que tienen discapacidad intelectual”, planteó.
El P.S. 982 también pretende eliminar el estigma de ciertas palabras que se usan para referirse a personas con discapacidad y utilizar palabras científicamente aprobadas para identificarlos.
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Por un lado, entre las propuestas en la medida radicada por la senadora se destacan la falta de intérpretes de lenguaje de señas y de información provista en braille; y la falta de acceso a medicamentos recetados, como consecuencia de las restricciones impuestas por las aseguradoras de salud.
Por otro lado, la legislación propone el desarrollo de equipos interdisciplinarios diseñados para coordinar tratamientos de manera integral; la necesidad de que se ofrezcan servicios médicos en el hogar (house calls) bajo las cubiertas de seguros de salud; la pertinencia del uso de los recursos tecnológicos para proveer servicios de telemedicina, turnos prioritarios y por cita a las personas neurodiversas; establecer salvaguardas para evitar tratos discriminatorios ilícitos; y que se garantice la provisión del servicio de anestesia general a pacientes que por razón de su edad o diversidad funcional están imposibilitados de tolerar el dolor o de cooperar con el tratamiento.
“Con la aprobación de esta medida buscamos que se reconozcan y respeten los derechos de las personas con diversidad funcional, principalmente cuando requieren procedimientos médico-hospitalarios. Es indispensable que los profesionales de la salud se eduquen para que tengan un amplio entendimiento de como mejor servir y comunicarse con esta población.”, aseguró la portavoz del PIP.
