La representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli denunció un supuesto esquema al que llamó “Puertopolio”, mediante el cual aseguró se ha ido desmantelando el gobierno y promoviendo la venta de Puerto Rico desde al menos el 2009.
Ante ello, la representante propuso una serie de medidas entre las que se encuentra eliminar la Autoridad de Alianzas Público Privadas y cancelar los contratos con LUMA, HMS Ferries y San Juan Cruise Ports, y proteger el acceso a la vivienda.
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Utilizando la imagen de un Monopolio pero con personajes locales, Nogales Molinelli aseguró que Puerto Rico “se ha convertido en un juego de mesa lucrativo para funcionarios corruptos, empresarios inescrupulosos y otros oportunistas, mediante la desregulación, las puertas giratorias y la explotación de nuestros recursos”.
“El Puertopolio es un juego muy parecido al Monopolio, pero las reglas coloniales y congresionales las han establecido políticos inescrupulosos en contubernio con la banca y un sector de ricos y poderosos, dentro y fuera de Puerto Rico. No incluye a la gente y sólo cuenta con el gobierno en la medida en que está al servicio de la privatización, el saqueo y la expulsión de quien no pueda pagar. El gobierno de Puerto Rico solía contar con agencias y corporaciones fundamentales que planificaban, investigaban, cuantificaban y medían parámetros para establecer la política pública que estableciera el desarrollo económico y social. Su desmantelamiento nos ha traído a este momento”, explicó en comunicación escrita la representante.
Además, propuso crear una “comisión de la verdad” que investigaría si los ex gobernadores y ex gobernadoras, y otros funcionarios de alta jerarquía se han beneficiado de las políticas de privatización, venta y desplazamiento hasta el día de hoy.
La legisladora señaló que durante la gobernación de Luis Fortuño se aprobó legislación que sentó las bases para esta debacle.
“Bajo Fortuño, se aprobaron la Ley 6 y la Ley 7 de 2009 que provocaron la pérdida de miles de empleados públicos y el desmantelamiento de agencias, como el DRNA, a través de retiros incentivados y cesantías, sin esfuerzos para sustituir al personal o salvaguardar la memoria institucional. En ese entonces, se crearon dos entidades nefastas: la Autoridad de Alianzas Público Privadas (Ley 29 de 2009) para promover la privatización, y la Oficina de Gerencia de Permisos (Ley 161 de 2009) que le quitó facultades a la Junta de Planificación, el DRNA y el ICP, y ha permitido la destrucción del territorio. La Ley 4 de 2009 duplicó el margen prestatario del BGF en un ejemplo del uso la deuda como mecanismo de control y de desmantelamiento. Hay que recordar que, durante la gobernación de Fortuño, aumentó la deuda pública significativamente y, en particular, la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se promovieron proyectos relacionados al gas, como el fallido gasoducto Vía Verde, y como se está intentando hacer ahora nuevamente con él como individuo potencialmente beneficiado. Y por supuesto, no podemos olvidar las Leyes 20 y 22 de 2012″, recordó.
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Nogales Molinelli continuó explicando que, durante el gobierno de Ricardo Rosselló, también se legisló para crear condiciones aún más agresivas dentro del marco (des)regulatorio legado por Fortuño.
“La primera ley de 2017 enmienda la Ley de Alianzas Público Privadas para insertar el concepto de las propuestas no solicitadas Art. 1(u), mecanismo mediante el cual han llegado al menos HMS Ferries y ahora San Juan Cruise Port, y permite que la Autoridad no tenga que utilizar los procedimientos establecidos de propuesta y que supervise los contratos. Se suman a ésta, la Ley 2 de 2017 crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la Ley 4 de Empleador Único que permitió la transferencia de los empleados de la AEE tras la privatización del sistema de transmisión de energía, la Ley 5 de 2017 de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, y las Leyes 13 y 17 que crearon a Enterprise Puerto Rico y el DMO, respectivamente, para continuar privatizando funciones de agencias gubernamentales y evadiendo la regulación”, indicó.
Ante esta situación, la representante enumeró una serie de medidas que deben ser implementadas de forma urgente para comenzar a restaurar servicios públicos de calidad.
“Ya estoy trabajando con legislación para eliminar la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Se deben cancelar los terribles contratos de LUMA, HMS Ferries y San Juan Cruise Ports. También hay que sustituir la Oficina de Gerencia de Permisos por un ente transparente y participativo que le devuelva las facultades a las instancias de protección del ambiente y el patrimonio histórico, cultural y arqueológico, y eliminar la figura del profesional autorizado. Se debe aprobar cuanto antes el P. de la C. 474 de Legitimación Activa Ambiental para que las personas y organizaciones puedan defender su ambiente y su salud. Se deben derogar las disposiciones de la Ley 22 de 2012, y modificar las de la Ley 20 para que realmente le sirvan al desarrollo económico. Mientras tanto, se deben reevaluar todos esos decretos, publicar la información que se ha solicitado e imponer responsabilidad a los funcionarios que otorgaron decretos sin la debida diligencia. Hay que descongelar las plazas de empleados públicos, revisar los salarios para que sean competitivos y establecer un programa de reclutamiento agresivo para fortalecer el servicio público. Tenemos que actuar para proteger el derecho de la gente a quedarse aquí y tener una vida digna, protegiéndoles del desplazamiento por los alquileres a corto plazo y la gentrificación, y estableciendo un control de rentas. En síntesis, hay que volver a gobernar para la gente, y no para el que paga las campañas o regala puestos lucrativos después de salir del cargo”, concluyó.
