El secretario del Departamento Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que incorporaron una nueva herramienta en los protocolos de las investigaciones que realizan las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, a los fines identificar perfiles de asesinos en potencia y reforzar el procesamiento criminal de los casos donde la víctima alegue que la han estrangulado.
“Este proyecto también nos ayudará a recopilar la evidencia que requiere este tipo de casos y brindarle los servicios particulares que necesita cada víctima. También podremos educar sobre la situación peligrosa que enfrentan las víctimas de estrangulamiento no fatal”, dijo el secretario en declaraciones escritas.
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Por su parte, la directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, alertó sobre el alto riesgo del estrangulamiento no fatal.
“El estrangulamiento es una de las modalidades más letales de violencia de género. Según estudios recientes, es altamente probable que quien comete estrangulamiento no fatal termine provocando la muerte de la víctima, es un potencial asesino. Toda víctima a quien agarran o aprietan por el cuello está en riesgo mayor. No debe subestimar al agresor; debe denunciarlo y buscar ayuda, como se hizo en este caso”, expresó la fiscal Hernández Gutiérrez.
Sus declaraciones surgen luego de la radicación de cargos por violencia de género contra Edwin Manuel Vázquez Madera, imputado de agredir y amenazar a su pareja embarazada.
Según la investigación, el hombre supuestamente mantuvo un patrón de maltrato contra la víctima, a quien golpeó en varias partes de su cuerpo, apretó por el cuello y amenazó de muerte.
La fiscal Dayana Rosario Cintrón, adscrita a la Unidad Especializada de Violencia de Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, explicó que “se radicaron tres cargos por violaciones a la Ley 54-1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y un cargo por violar el artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico al utilizar un arma blanca”.
El juez José Rodríguez, del Tribunal de Guayama determinó causa para arresto y señaló una fianza de 200 mil dólares, la cual no prestó por lo que fue ingresado en una institución carcelaria.
