El juez federal Raúl M. Arias Marxuach impuso ayer una mordaza en el caso federal contra la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera-Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini.
La orden tiene vigencia hasta que se emita el veredicto del caso. Esta impide a las partes hablar con la prensa, en público o en redes sociales sobre cualquier información relacionada al caso que no sea lo que se discute en corte abierta o en documentos irrestrictos dentro del récord electrónico del trámite judicial.
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La orden de mordaza aplica a los fiscales del caso, a los oficiales federales que hayan intervenido en la investigación, a los acusados o sus equipos legales y a todos los potenciales testigos o sus respectivas representaciones legales. “Las personas antes mencionadas no darán ni autorizarán ninguna declaración o entrevista extrajudicial a ninguna persona o personas asociadas con cualquier medio de comunicación pública o que una persona razonable esperaría que se comunique a un medio de comunicación pública en relación con el juicio, las partes o los asuntos en este caso que no sean de dominio público y puedan interferir con un juicio justo o perjudicar a cualquier acusado, al gobierno o a la administración de justicia”, lee la orden judicial.
Se establece que “testimonio dado en testimonio del gran jurado y cintas, o transcripciones de cintas, hechas por cualquiera de las partes antes mencionadas antes de este juicio no son información pública. Declaraciones o información pretende influir en la opinión pública sobre los méritos de este caso se designan específicamente como información que podría perjudicar a una de las partes”. No se puede divulgar información discutida en vistas en cámara.
Las partes pueden hablar sobre asuntos en el récord público de corte abierta, del récord electrónico que no haya sido sellado, sobre la calendarización del caso o determinaciones que ya sean públicas por parte de la corte.
“La orden de protección no se interpretará como un impedimento a los trabajos de investigación del gobierno o de la defensa y no pretende impedir que la prensa y los medios informen, opinen e informen sobre el caso. La orden de protección tampoco operará para cerrar automáticamente los procedimientos o bloquear el acceso a partes públicas del registro”, lee el documento.
Cualquier violación a la orden protectora estará sujeta a penalidades, incluyendo reclusión.
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El juez establece que la orden se emite para garantizar un juicio justo e imparcial por un jurado de pares.
El juez había dado hasta ayer a las partes para expresarse sobre su intención de imponer mordaza. Tanto Vázquez como Rossini habían pedido más tiempo. El juez les concedió parcialmente ese tiempo para expresarse sobre la orden de mordaza hasta el 30 de agosto. Mientras tanto, hasta esa fecha están impedidos de hacer expresiones que violen la orden protectora ya emitida.
Antes de la radicación de cargos y arresto, la propia defensa de Vázquez había acudido a múltiples medios de comunicación para anticipar las acciones de los federales.
Vázquez fue acusada de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020. Por este esquema también fue acusado Julio Martín Herrera Velutini, dueño de un banco que opera en San Juan (Bancrédito) y su asesor, un ex agente del FBI Mark Rossini.
Frances Díaz expresidenta del banco, y John Blakeman, quien manejó las finanzas de la campaña electoral de Vázquez Garced ya se declararon culpables por el esquema.
De ser encontrados culpables, cada uno se expone a una pena máxima de 20 años en prisión.
Herrera Velutini no se ha entregado a las autoridades y permanece latente la posibilidad de activar un proceso de extradición. El banquero se encuentra en el Reino Unido.
Aquí puedes leer la orden:
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