Las personas con impedimentos en Puerto Rico enfrentan inmensos retos. Reflejo de esto son las quejas y casos presentadas ante la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI). Una de las áreas de mayor dificultad es cuando los jóvenes entran a la vida adulta y buscan una carrera vocacional.

Entre los nueve programas que atiende la DPI actualmente hay 2,215 solicitudes de servicios: 119 casos individuales, 20 casos bajo investigación, 1,691 casos de información y referido, y 385 casos de asistencia técnica.

Sobre el área de transición a la vida adulta, de julio de 2021 y julio de 2022, la DPI ha atendido un total de 221 solicitudes de servicio de los clientes de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) ante el Programa de Asistencia al Cliente de Rehabilitación Vocacional (CAP, por sus siglas en inglés). Las controversias y orientaciones trabajadas por la DPI están desglosadas en 19 áreas de acuerdo con los servicios que brinda ARV.

La ARV es la agencia estatal encargada de integrar a estudiantes elegibles con diversidad funcional a la fuerza laboral.

Sin embargo, según Aida Carbonell, orientadora del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, ARV no cumple con sus responsabilidades.

“Ya a los 16 años, cuando se empieza a hablar de la transición a la vida adulta de este estudiante, que le han hecho un perfil desde los 12 años y le han dado experiencias de exploración ocupacional, (se supone) que entre Rehabilitación Vocacional. Ahí, en mi experiencia, es que surgen querellas porque Rehabilitación Vocacional nunca llega”, aseguró Carbonell.

Añadió que gran parte del problema es que hay falta de personal en esta y otras agencias que pueden ayudar al estudiante a hacer una transición a la “vida adulta”.

Según Carbonell, los padres de estos estudiantes se desalientan y asumen la responsabilidad, pero, al no ser expertos, muchas veces no llevan a sus hijos al nivel vocacional al que pueden llegar.

Después de ser atropellados por el sistema público de enseñanza, dijo Carbonell, entran a la comunidad donde se encuentran con peor inequidad de condiciones.

Metro se comunicó con la ARV, pero no estuvieron disponibles para reaccionar.

Por su parte, el defensor interino de la DPI, Gabriel Corchado, coincidió en que la falta de empleados en las agencias que se encargan de dar servicios a personas con impedimentos es un grave problema porque no pueden cumplir con la demanda que hay. “A veces no damos abasto”, indicó Corchado.

Casi 700,000 personas, de los más de tres millones que viven en Puerto Rico, presentan uno o más impedimentos, esto equivale al 22% de la población. “Los servicios están para toda la población, pero hay que hacerlos más accesibles. Hay que velar porque, por ejemplo, esa persona que va a llegar a un edificio a buscar servicios de X o Y agencia pueda desde el estacionamiento hasta la oficina tener una ruta accesible”, aseguró Corchado.

Población con impedimentos

• 140 mil personas presentan impedimentos de audición
• 210 mil personas presentan impedimentos de visión
• 300 mil personas presentan impedimentos mentales
• 372 mil personas presentan impedimentos de movilidad