Las autoridades federales en la Isla informaron el procesamiento criminal, este miércoles, de dos hombres de nacionalidad colombiana por narcotráfico, según lo informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El pasado 8 de abril de 2021, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra Jonmeny Barros Casadiego y Álvaro León Barros Ramírez de conspiración para importar cocaína, en violación de 21 U.S.C. las secs. 952(a), 960 y 963; Conspiración Internacional de Distribución de Cocaína, en violación de 21 U.S.C. las secs. 959(a), 960 y 963; e Intento de Distribución Internacional de Cocaína, en violación de 21 U.S.C. §§ 959(a) y 963.
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Barros Casadiego y Barros Ramírez son líderes de una Organización Criminal Transnacional (TCO) responsable del transporte y distribución de kilogramos de varias toneladas desde La Guajira y Venezuela hacia la República Dominicana y Puerto Ricosegún explicó Muldrow en comunicación escrita.
Entre el 28 y 29 de julio de 2022, Jonmeny Barros Casadiego y Álvaro León Barros Ramírez, se entregaron a las autoridades locales de República Dominicana. Posteriormente, Barros Casadiego y Barros Ramírez fueron transportados a Puerto Rico y sus comparecencias iniciales en un tribunal federal se llevaron a cabo el 1 de agosto de 2022.
Si son declarados culpables de los delitos imputados, enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.
Jonmeny Barros Casadiego fue designado como Objetivo Organizacional Prioritario Regional (RPOT) de la OCDETF en 2020. La lista RPOT incluye líderes de importantes organizaciones de narcotráfico y lavado de dinero que son los principales responsables de la amenaza de las drogas en una región.
Desde 2020, las autoridades policiales federales identificaron a Barros Casadiego y Barros-Ramírez como líderes de una Organización Criminal Transnacional (TCO) responsable del transporte de envíos de cocaína de varias toneladas desde Sudamérica hacia la República Dominicana y Puerto Rico. Específicamente, esta TCO preparaba y organizaba cargamentos de droga que eran despachados y transportados en lanchas rápidas desde la costa noroeste de La Guajira y Venezuela hacia República Dominicana y Puerto Rico.
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El caso fue investigado por la Oficina Residente de Cartagena (RO) de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de País de Santo Domingo (CO), la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF) de la Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Trabajo para el Control de Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Como resultado de la investigación, agentes de CCSF, Cartagena RO y Santo Domingo CO realizaron varias intervenciones que condujeron a la incautación de más de 18,000 kilogramos de cocaína y al arresto y enjuiciamiento de 52 acusados: 48 acusados fueron procesados federalmente en Puerto Rico y cuatro los acusados fueron procesados por las autoridades de la República Dominicana.
El fiscal federal asistente especial de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional Jordan Martin de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico está a cargo de la acusación de este caso.
Este enjuiciamiento es parte de una Iniciativa de Fuerza de Ataque de las Fuerzas de Trabajo para el Control de Drogas y el Crimen Organizado, que prevé el establecimiento de equipos permanentes de fuerzas de trabajo de varias agencias que trabajan codo con codo en el mismo lugar. Este modelo de ubicación compartida permite que agentes de diferentes agencias colaboren en operaciones multijurisdiccionales impulsadas por inteligencia para interrumpir y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales más importantes. La misión específica de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe es identificar, interrumpir y desmantelar organizaciones internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero a gran escala que importan y transbordan cocaína, así como actividades de lavado de dinero.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
