El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que a pesar de la negativa de la Junta de Control Fiscal sobre la implantación de la Ley 41 de Reforma Laboral, el gobierno continuará con su plan.
“Ya suplimos toda la información requerida. Tanto bajo la Ley PROMESA, como bajo la propia Junta. Nuestra intención es que si que se implanten estas enmiendas a la reforma laboral y sobre la marcha veremos si impacto es positivo o negativo, yo anticipo que será positivo”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
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Ante la advertencia de que la Junta irá a los tribunales para detener la implantación, el gobernador contestó, que “pueden hacer si así lo estiman”.
“Entendemos que lo prudente y razonable es implantar las enmiendas y ver el comportamiento de nuestra economía. Nuestra economía está sólida. Lo que queremos es que siga aumentando la participación laboral, que siga que sigamos viendo un mayor número de empleos y sobre la marcha, siempre la Legislatura, puede retomar el tema, pero ahora poner esta ley en pausa a mí no me hace sentido, porque no tenemos ninguna evidencia de impacto negativo para una ley como ésta. No existe estudio económico que corrobore que este tipo de cambio, por ejemplo, el proveerles un tiempo razonable de descanso a la clase trabajadora- que va a ser negativo para nuestra economía. Yo discrepo”, sostuvo.
A juicio del gobernador, de la misma manera que se le puede hacer difícil al gobierno probar que la implantación de la ley es positiva para la economía, la Junta Fiscal tendría el mismo problema para probar que el impacto sería negativo.
“Básicamente, la Junta se escuda en que el gobierno es el que tiene que probar que el impacto es positivo. El gobierno, si fuera necesario, va a hacer los argumentos ante el tribunal. Vamos a dar la data, por ejemplo, lo que está pasando en nuestra economía que ahora mismo todos los indicadores indicadores son positivos”, expresó.
El presidente de la Junta Fiscal, David Skeel, le envió una carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, en la cual le dio hasta el 4 de agosto para suspender voluntariamente la puesta en vigor de la ley.
De no suspenderse su implantación, acudirán a los tribunales.
