El gobernador Pedro Pierluisi firmó un proyecto que convierte en ley que los convictos que estén disfrutando de beneficios que concede la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tienen derecho a recibir las bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta, trabajo, estudio, entre otras acciones, y así culminar más rápido su condena.
Tras la firma de esta ley, tras la aprobación del Proyecto de la Cámara 463, las bonificaciones se computarán desde la admisión a la institución carcelaria o desde que se le conceda libertad bajo palabra. Las mismas se podrán conceder de hasta un máximo de cinco días por cada mes en que el integrante de la población correccional o liberado por la JLBP esté empleado o estudie ya sea en la libre comunidad o en la institución penal donde cumpla su sentencia en la que deberá prestar servicio durante su primer año de reclusión. Por cada año subsiguiente, se podrá abonar hasta siete días por mes. En el caso de que la prestación de trabajo o servicios fuera en labores agropecuarias se podrán conceder bonificaciones mensuales no mayores de siete días durante el primer año de cumplimiento de sentencia y posteriormente hasta un máximo de 10 días mensuales.
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“Como gobierno debemos procurar un enfoque restaurativo en nuestra población correccional. Tenemos que proveer las herramientas necesarias para que el proceso de rehabilitación sea integral y permita a los confinados aportar productivamente a la sociedad una vez se reinserten en su totalidad a la libre comunidad”, sostuvo el gobernador.
Estas rebajas en sentencias no aplicarán a personas convictas por conductas sexuales incluyendo el abuso sexual infantil, pornografía y trata humana.
El año pasado el gobernador Pierluisi, junto a la secretaria del DCR Ana Escobar Pabón, anunció que se concretaron cinco Acuerdos de Colaboración que viabilizan la participación de confinados en labores de limpieza, ornato y embellecimiento de comunidades y escuelas. Las alianzas se firmaron con los alcaldes de los municipios de Barceloneta, Isabela, Moca y Vega Alta, y el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos.
Esta pieza legislativa se une a las 21 que firmó el gobernador esta semana. Entre ellas la Resolución Conjunta de la Cámara 60 que ordena al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEAT), adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación a desarrollar productos de uso residencial, institucional e industrial con la materia prima de neumáticos desechados.
