Luego de que las autoridades federales presentaran cargos contra cuatro individuos por el cargamento de cocaína que fue encontrado en la prisión Las Cucharas en Ponce y descartaran la participación de empleados del Departamento de Corrección, la secretaria de esa agencia, Ana Escobar Pabón, se reafirmó en lo que al principio había indicado la investigación del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
“El comunicado emitido por la fiscalía federal en torno a la investigación sobre el hallazgo de 50 kilos de cocaína en un almacén destinado a guardar productos de limpieza en la institución Anexo Ponce Mínima reafirma lo que inicialmente teorizó el Negociado de la Policía de Puerto Rico, de que este cargamento llegó por error a una institución correccional.
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La investigación federal descartó alguna participación de empleados correccionales en el manejo del cargamento de cocaína encontrado en un almacén de la cárcel.
La información provista por la fiscalía federal indica que ningún empleado del Cuerpo de Oficiales de Custodia ni ningún empleado civil está involucrado en la comisión de este delito. Ante el resultado de esta investigación de las autoridades federales, me reafirmo en reconocer la extraordinaria labor de nuestros empleados que detectaron de inmediato esta droga, lo notificaron y lo procesaron de la manera correcta. Con esta acción volvieron a demostrar su compromiso con un trabajo bien hecho.
Escobar Pabón aseguró que su agencia culminó un proceso de manejo de mercancía en almacenes de la agencia.
“Es importante informar que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) culminó un proceso de revisión del manejo y recibo de mercancía en los tres almacenes principales de la agencia, los cuales están localizados fuera de las instituciones correccionales. Esto con el fin de incrementar las medidas de control, previo a la distribución de mercancía hacia las instituciones correccionales. Además, se incorporaron medidas más rigurosas de seguridad que incluyen aumentar la revisión de almacenes con la unidad canina, un registro más detallado de las inspecciones y nos dirigimos a incorporar tecnología de avanzada como equipo con escáner. Asimismo el DCR, desde mayo, comenzó el proceso de compra de al menos 20 canes para reforzar la Unidad Canina”, expresó.
Un gran jurado en el Tribunal Federal de Puerto Rico emitió una acusación contra cuatro personas por conspiración y posesión con la intención de distribuir cocaína tras el hallazgo de un cargamento encontrado en un almacén de la cárcel Las Cucharas en Ponce.
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El fiscal federal W. Stephen Muldrow indicó que de acuerdo con las pruebas recuperadas en la investigación, y como se alega en la acusación, como parte de las formas de la conspiración, los integrantes de la conspiración empaquetaban la cocaína dentro de cajas de cartón rotuladas como productos de limpieza.
Los acusados son: Francisco Rivera Rivera, Santiago Ramírez, Teddy Vergara López y Jonathan Castro Rivera.
Muldrow detalló que “En este momento, la evidencia no indica la participación de ningún oficial correccional o empleado correccional en la comisión de este crimen.
En cambio, parece que las cajas cargadas de cocaína no fueron retiradas del envío como estaba previsto y fueron llevadas por error al almacén de Ponce con los productos de limpieza”.
Mencionó que el valor estimado de los aproximadamente 228 kilogramos de cocaína incautados en esta investigación es de 4,104,000 dólares.
“Los involucrados en el narcotráfico deben saber que el Caribe ya no es una opción para traspasar narcóticos a Estados Unidos, estamos trabajando juntos, estamos interdiciendo y estamos arrestando”, dijo Iván Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan.
“Los eventos relacionados con el descubrimiento de 50 kilos de cocaína dentro de un almacén en el Centro Correccional de Ponce, han sido coordinados con nuestros socios del orden público federal, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Seguridad Pública. Nuestra misión conjunta en la investigación de este delito y violación de la ley es encontrar y procesar a todas las personas involucradas en esta organización criminal”, afirmó el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.
El fiscal federal adjunto y Jefe de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional Max Pérez Bouret, la Jefa Adjunta de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional, Vanessa Bonhomme, y el fiscal federal adjunto Luis Valentín están a cargo de la acusación del caso.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
