Tras la determinación de la Junta de Control Fiscal de dejar sin efecto los cambios a las leyes laborales realizadas en la Reforma Laboral aprobada por la legislatura local y firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, este último aseguró que defenderá la ley.
“El gobierno le suplirá a la Junta toda la información, solicitada pero mantendrá la Ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley PROMESA no faculta a la junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien, le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá las enmiendas a la Reforma Laboral ante el Tribunal. Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó el gobernador en declaraciones escritas.
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El ente federal se amparó en que la Reforma Laboral es contraria a los principios de la ley federal PROMESA ordenó al gobierno local a suspender la implementación del estatuto.
La ley 41 del 2022 implementaba una serie de cambios para los empleados del sector privado. Fue el resultado de negociaciones entre Senado, Cámara de Representantes y el Ejecutivo. Patronos del sector privado se oponían a la nueva ley y habían pedido a la Junta que la anulara.
“Dada la determinación de la Junta de Supervisión de que la Ley menoscaba y/o anula los propósitos de PROMESA, el Gobierno debe suspender inmediatamente la implementación de la ley y cumplimiento, al menos hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión hayan intercambiado sus puntos de vista con respecto a la Ley 41 y la Junta de Control cambia su determinación (que puede no ocurrir). También instamos al Gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar confusiones para los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”, lee parte del documento oficial de la Junta de Control Fiscal.
