El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emplazó este jueves con una orden de cese y desista al presidente de Caribbean Island Construction, Carlos Rodríguez Camacho, quien estaba a cargo de la operación ilegal de actividades de dragado y remoción de sedimentos en la zona protegida del karso.
Según reporta Bonita Radio, medio que inicio la investigación junto a Ey Boricua, el documento fue diligenciado por los vigilantes Antonio Crespo Soto, de la Unidad Marítima del DRNA en Arecibo -unidad que inició la pesquisa- y los sargentos Carrasquillo y Carlos Claudio, de la Unidad Terrestre de la agencia en Guayama.
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Esto surge luego de que un periodista de Ey Boricua denunciara ayer que aún no se había entregado la orden de cese y desista que había sido emitida el pasado viernes.
De hecho, según explicó el periodista, la orden fue enviada a la Unidad de Vigilantes en el Bosque de Cambalache, que no tiene relación alguna con la puesta en funciones de esta orden de cese y desista, ya que no es la unidad que inició la investigación.
Aquí el vídeo de la denuncia de ayer en el seguimiento de la investigación:
La orden de cese y desista estipula el “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”.
La orden de paralización surge luego de una publicación investigativa de los medios Bonita Radio y EyBoricua. En ella sale a relucir que Caribbean Island Construction estableció una cantera sin los permisos requeridos y de forma lucrativa que impacta los recursos naturales en la zona protegida del karso.
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El contrato de la empresa solo menciona el dragado y remoción de sedimentos, sin embargo, aparentemente ha habido actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, lo que apunta a violaciones de leyes ambientales y federales. Además, se encontró en la documentación de contratación de la empresa que el proyecto beneficia a varios grupos de funcionarios de gobierno.
El proyecto comenzó sin tener los permisos requeridos, como el de Obras Generales (PGO) del DRNA que, aunque fue solicitado a principios del año, no había sido expedido al momento de iniciar el trabajo en el área.
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