La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) aprobó hoy una resolución en la que se opuso a la intención reiterada de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSFPR) de obligar a los municipios a aportar cerca de $165 millones anuales para sufragar el costo del plan de salud Vital. En la resolución, que fue aprobada por unanimidad, la FAPR se expresó también en contra de la eliminación del Fondo de Equiparación.
Asimismo, los alcaldes federados dieron paso a una propuesta del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, de realizar una manifestación contra la Junta de Supervisión Fiscal el próximo mes de junio.
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“La posición asumida por la Junta de Supervisión Fiscal pone en precario los fondos municipales. La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal no tiene ningún fundamento jurídico que la sustente ya que muchos municipios aportan mediante la operación y manejo de centros de diagnóstico y tratamiento, centros de urgencia y hospitales. De otro lado, la Ley 3-2003 eximió a los municipios que operaban instalaciones de salud a tener que aportar a la tarjeta de salud. En el 2013, el Tribunal Supremo en el caso de Municipio de Añasco v. ASES 2013 TSPR 40, determinó que la responsabilidad del sustento de la salud le corresponde constitucionalmente al Departamento de Salud y no a los municipios. A tales fines, y luego de muchos esfuerzos, por la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central, la Federación y Asociación de Alcaldes logramos la aprobación de la Ley 29-2019, la cual logró la eliminación total de dicha aportación”, dijo el presidente de los alcaldes federados, Gabriel Hernández.
Hernández añadió que la posición de la JSFPR constituye un abuso claro del poder con la intención obstinada de lograr la quiebra involuntaria de un sinnúmero de municipios en Puerto Rico, cosa que indicó no van a permitir bajo ningún concepto. “Es impermisible que nuestra ciudadanía quede privada de los servicios que ofrecemos los constituyentes”, señaló.
Sobre el tema de la eliminación del Fondo de Equiparación, Hernández indicó que la JSFPR impulsa esta iniciativa sin evaluar alternativas viables para que los municipios puedan atemperarse a la crisis social y económica que esto representa.
“El Fondo de Equiparación bajó de $370,000.000 en el año fiscal 2017, a $88,000.000 para el año fiscal 2022 y según el Plan Fiscal del 2021, bajará a 44,000,000 para los años fiscales 2022 y 2023, hasta desaparecer por completo en el año fiscal 2025. Esta política es nefasta e insostenible y tiene el efecto de drenar las arcas municipales al nivel de llevarlos al borde de la insolvencia, trasladando la quiebra del gobierno central hacia los municipios”, denunció el también alcalde de Camuy.
La resolución aprobada autoriza además al presidente de la FAPR a tomar todas las medidas necesarias ante la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno central, foros federales, el Congreso de los Estados Unidos de América y cualesquiera foros disponibles para lograr soluciones viables a estos problemas tan serio para los Municipios y toda la ciudadanía.
