La administración de Pedro Pierluisi someterá mañana una versión presupuestaria alterna a la que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Asamblea Legislativa, luego de que el organismo rechazara las dos propuestas del ejecutivo.
Las objeciones de la JCF al presupuesto recomendado por el gobernador resultan en una brecha de $147 millones, así como en divergencias en decenas de partidas específicas.
PUBLICIDAD
“Las revisiones que le ha hecho la Junta de Supervisión a nuestro presupuesto no afectaron la mayoría de las iniciativas que le presentamos desde febrero. Sin embargo, quedan áreas importantes en las que diferimos de la Junta pues atienden tus prioridades y las de todo nuestro pueblo y no fueron incluidas en su versión del presupuesto. De hecho, la Junta insiste en reducir los gastos del gobierno por cerca de $100 millones a pesar de que todas las proyecciones apuntan a que nuestros recaudos superarán los estimados por mucho más”, expresó Pierluisi en un mensaje televisado esta tarde.
En su esfuerzo por que la JCF avale un presupuesto que se acerque a su propuesta, el primer ejecutivo adelantó que pedirá al Departamento de Hacienda que certifique que los ingresos del Estado “sobrepasarán los estimados y justifican el modesto incremento en el gasto público”.
La JCF, en la notificación de incumplimiento que envío al gobierno el pasado martes, precisó que el gasto con cargo al Fondo General en el año fiscal 2022-2023 no podrá superar los $12,426 millones. El gobierno de Pierluisi ha defendido un presupuesto que ascienda a $12,573 millones.
La cifra de $12,573 millones es la misma que la JCF había autorizado al inicio del proceso presupuestario. Sin embargo, posteriormente le restaron $100 millones, al señalar discrepancias con la forma en que el gobierno calcula los beneficios que se recibirán por concepto del programa de Medicaid.
El martes, en tanto, le restaron otros $47 millones al considerar un estimado del costo que tendrá para el erario la incorporación de nuevos grupos de médicos al incentivo contributivo que busca retener a estos profesionales en el país.
PUBLICIDAD
“Para darte el gobierno de excelencia que tú y los tuyos quieren, tenemos que invertir aún más en nuestros servidores públicos, proveyéndoles salarios justos desde el principio del año fiscal, con particular atención a trabajadores sociales, oficiales de corrección, bomberos, paramédicos y personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, es momento de detener los recortes a los municipios, pues necesitamos que tengan los recursos para dar servicios esenciales y manejar los proyectos de reconstrucción”, sostuvo Pierluisi.
En el caso de los municipios, el gobierno pretende mantener en $88 millones la aportación al Fondo de Equiparación, mientras que la JCF ha dispuesto que deberá reducir a $44 millones, como parte de la eliminación paulatina de ese pote que deberá concretarse para el 2024.
En su mensaje, de menos de tres páginas, Pierluisi no hizo alusión a la Universidad de Puerto Rico, para la que inicialmente pidió una asignación de $620 millones. La JCF, por su parte, ripostó con una asignación de $591 millones, incluyendo $40 millones que se condicionarían a una reforma del sistema de retiro para congelar parcialmente el plan de beneficios definidos.
Según Pierluisi, en el presupuesto que la JCF presentó a la Legislatura, “sorprendentemente” se denegaron los fondos solicitados para la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda y la Oficina de Protección y Defensa de Impedidos, “así como otros programas que requieren aumentos limitados para servirle bien a nuestro pueblo”.
El gobernador reiteró su llamado a la Asamblea Legislativa a hacer “causa común” con su administración “para defender a nuestros servidores públicos, nuestros municipios, y nuestra población con necesidades especiales”.
Pierluisi destacó que, para financiar los aumentos salariales de algunos servidores públicos, su gobierno propuso recortar las asignaciones destinadas a la contratación de servicios.
“La Junta se rehusó a darle paso. ¿Quién puede oponerse a eliminar contratos en el gobierno?”, cuestionó el primer ejecutivo.
El año pasado, la JCF dio paso al presupuesto aprobado por la Legislatura y firmado por el ejecutivo por primera vez desde que comenzó sus funciones en 2016. Se espera que este año concluya con el primer presupuesto balanceado desde la implementación de la Ley Promesa.
Para que cesen las funciones de la JCF, Promesa estipula que el gobierno debe lograr la reestructuración de la deuda de las entidades cubiertas, cuatro presupuestos balanceados consecutivos y recuperar acceso a los mercados financieros.
