El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aseguró hoy a través de sus redes sociales que el empresario Aaron Vick, vinculado al escándalo de la compra fatula de pruebas de COVID, no cuenta con un decreto vigente bajo la Ley 22.
En un escueto mensaje por Twitter, reveló que tras una investigación interna, el decreto fue archivado por incumplimiento de los requisitos de ley.
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“Tras una investigación interna, se confirma que Aaron Vick no cuenta con decreto vigente bajo la Ley 22, ya que fue archivado por incumplimiento con los requisitos de la ley”, publicó la agencia.
Tras una investigación interna, se confirma que Aaron Vick no cuenta con decreto vigente bajo la Ley 22, ya que fue archivado por incumplimiento con los requisitos de la ley. #desarrolloPR @fortalezapr
— DDEC Puerto Rico (@DDECPR) May 12, 2022
El resultado de la investigación se hace público luego que el pasado lunes, en una vista del Senado donde se discutía el proyecto 684 que busca enmendar las leyes 60 y 22 para exigir un mínimo de inversión a quienes reciban decretos contributivos locales, un representante de la agencia admitiera que no deconocía del decreto otorgado a Vick y que tampoco había sido auditado.
La admisión surgió luego de cuestionamientos de la senadora independentista María de Lourdes Santiago. Santiago le preguntó si los decretos se auditan y si ya se le había realizado una auditoría a Vick.
“De las noticias más impactantes en este país ha sido el escándalo de las pruebas de COVID. Esta persona sale en primera plana y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio si yo no se lo digo en una vista pública no se enteran”, señaló entonces.
Aaron Vick junto a Juan Maldonado, eran representantes de la empresa Apex General Contractors, en la compra fallida de pruebas rápidas de COVID-19 a inicio de la pandemia en el 2020 por $38 millones. A pesar de esta investigación, dos meses después Vick obtuvo un decreto de Ley 22.
