Tras el segundo rechazo de la Junta de Control Fiscal (JCF) al presupuesto recomendado por el gobernador Pedro Pierluisi, el primer ejecutivo señaló que el próximo paso será buscar un “frente común” con la Legislatura para procurar que los gastos aprobados contengan sus prioridades de política pública.
“Estamos revisando el presupuesto que la Junta le va a someter a la asamblea legislativa. Yo me voy a expresar formalmente sobre este tema. En esta etapa del asunto lo que voy es a pedirle a la Asamblea Legislativa que se una a mis reclamos en diferentes áreas. Por ejemplo, en defensa de los municipios (y) en defensa de la Universidad de Puerto Rico, entre otros”, subrayo Pierluisi en un aparte con la prensa tras acudir a la inauguración de un hotel en Isla Verde.
En esta ocasión, Pierluisi no precisó si su administración continuará impulsando un presupuesto con cargo al Fondo General de $12,573 millones, propuesta que ya fue denegada por la JCF.
A finales de abril, la JCF determinó que el presupuesto no podría sobrepasar los $12,473 millones, una diferencia de $100 millones respecto a la versión del ejecutivo, pero en la carta enviada ayer, el organismo fijó el nuevo límite en $12,426 millones, al incorporar a sus cálculos el estimado de ingresos perdidos ante la entrada en vigor de una ley que expande los grupos de médicos elegibles a la tasa contributiva de un 4%.
Bajo los nuevos parámetros de la JCF, la brecha con el presupuesto del gobierno es de $147 millones.
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“Estamos en el proceso de ir línea por línea para ver cuáles son las diferencias más grandes entre el presupuesto de la Junta y el mío y entonces me voy a expresar públicamente para identificar las áreas en las que quisiera que la Asamblea Legislativa haga causa común por el bien del pueblo. Aquí realmente esto trasciende política partidista, estamos hablando de una Junta básicamente en contra de todos nosotros en ciertas áreas. Es cuestión de nosotros unirnos en un frente común, ya lo hicimos el año pasado y dio resultados”, manifestó el primer ejecutivo.
Además de la UPR y los municipios, otras partidas que exhibían divergencias entre el gobierno y la JCF, según una carta que el ente fiscal suscribió en abril, incluían al Departamento de la Familia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Justicia, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Reserva de Pensiones, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Centro de Diabetes, el sistema ‘pay-go’ para las pensiones, los pagos de liquidaciones a empleados públicos y un programa de reclutamiento de gerentes de proyectos.
La versión de presupuesto que la JCF sometió a la Legislatura ayer mantiene una asignación de $551 millones para la UPR, con otros $40 millones condicionados a una reforma del sistema de retiro de la institución. Inicialmente, el gobernador había propuesto que el centro docente recibiera unos $620 millones, aunque posteriormente se allanaron a la cifra de la JCF.
Para los municipios, el Fondo de Equiparación se fija en $44 millones, lo que representa un recorte de la mitad respecto al año fiscal en curso, mientras que Pierluisi ha propuesto que se preserve la asignación actual de $88 millones.
“Yo lo que espero es que este año ocurra lo mismo (que en 2021). Que la Asamblea Legislativa se una al ejecutivo en algunos de nuestros reclamos y entonces la Junta tenga que ceder. Esto no ha acabado, esto sigue hasta el 30 de junio”, expresó el gobernador.
El presupuesto para el año fiscal 2022-2023 será el primero que incluirá, desde su inicio, el pago de la deuda reestructurada del gobierno central, que implicará un gasto cercano a los $800 millones.